El ministro de Vivienda, Raúl Lozano, brindó una conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre la investigación administrativa que involucró la adjudicación de viviendas a militantes de Cabildo Abierto durante la gestión de la senadora Irene Moreira.
Lozano negó que se haya perdido información de la computadora que se incendió y que era la utilizada por la funcionaria que llevaba adelante la investigación.
La información brindada por Lozano fue separada en dos periodos “uno que va desde desde la resolución ministerial de 1058 del años 2009 hasta 2020 y la otra del año 2020 al 2023”, dijo
El ministro explicó que “del 2009 al 2020 hubo 74 adjudicaciones de cupos directos en base a expedientes, los mismos se hicieron en base a expedientes. Y del 2020 al 2023 hay 12 casos de solicitudes de adjudicaciones directas”.
Agregó que “de los 12 casos, hubo 2 adjudicaciones de arrendamiento con opción a compra, 1 de los cuales quedó sin efecto por la renuncia de la persona. Y después hubo 5 casos de adjudicación temporaria, es decir, por 12 meses prorrogables, de los cuales, 3 quedaron sin efecto por renuncia o porque efectivamente esas familias no vivían en esas viviendas y solamente 2 quedaron de esas adjudicadas que fueron por violencia de género. Las 5 otras para sumar a las 12 que estábamos hablando no tuvieron ninguna tipo de adjudicación. Es eso los hallazgos que se vieron”, indicó.
“Por otra parte, en lo que es el informe de la investigación, dice que no fue un acto ilegítimo, ya que de alguna forma, el administrador tiene la herramienta que se daba en esa resolución del 2009 como para poder adjudicar hasta 10% de cupos. Si considera que los procedimientos que se llevaron a cabo, no fueron en la forma correcta. Que hubieron falencias, errores o algún tipo de irregularidad en la adjudicación de estos cupos”, sostuvo el jerarca.
