El gobierno de Nicolás Maduro también tomó la misma decisión con los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

En un comunicado expresan «su más firme rechazo» ante lo que considera «injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional».

En distintas ciudades de Venezuela se produjeron manifestaciones que terminaron con gases lacrimógenos lanzados por la policía y según medios de prensa internacionales y ongs dejaron un saldo de varios muertos.