Conexión Ganadera comenzó en 1999 como un negocio de capitalización ganadera, que ofrecía a los inversores la posibilidad de obtener una rentabilidad mediante la cría y el engorde de ganado. Liderado por Pablo Carrasco y Gustavo Basso (fallecido a fin de noviembre pasado en un accidente de tránsito que se investiga), con sus respectivas esposas Ana Iewdiukow y Daniela Cabral.
Este es un negocio habitual en el campo, la participación en el engorde de un animal. Lo que cambió con Conexión Ganadera y otras empresas similares es la posibilidad de invertir desde montos pequeños, participar en el negocio y obtener una rentabilidad.
En los primeros años de Conexión Ganadera, cabe recordar que el sector agropecuario venía de años de atraso cambiario, con productores golpeados por la situación, precio del ganado bajo, campos con poco ganado, lo que llevaba a que los precios de arrendamiento fueran bajos. Todo eso favorecía el inicio de una actividad de este tipo.
¿En qué momento un negocio de este tipo cambió y se convirtió en una suerte de esquema Ponzi? Recordemos que un esquema Ponzi promete a los inversores un pago de una rentabilidad por el dinero colocado y para ello requiere que nuevos inversores ingresen y con ese dinero pagarle la rentabilidad a los primeros. Posteriormente se requieren más inversores para pagarle la rentabilidad a los segundos y así sucesivamente, hasta que en algún momento vuela por los aires.
Hay un dato a tener en cuenta. Por mayo de 2018 en varias entrevistas, Pablo Carrasco hablaba de que Conexión Ganadera tenía unos 1.000 inversores y actualmente hay más de 4.000 damnificados. Para ponerlo en años. En 19 años la empresa captó 1.000 inversores y en apenas seis años entraron 3.000 más.
Algo que llamaba la atención de Conexión Ganadera y otros similares como Grupo Larrarte y República Ganadera es que en sus publicidades prometían una rentabilidad fija, es decir un porcentaje fijo, en un negocio que claramente es variable y depende de algo que no se puede controlar como es el clima.
No solo eso, sino que también la rentabilidad prometida era alta para la realidad del sector. Dependiendo el contrato firmado (esto cambia con el año) la rentabilidad ofrecida llegó a ser de 11% anual, aunque en los últimos años era de 7%. Un dato: el 12 de setiembre de 2024, cuando había caído Grupo Larrarte, los inversores de Conexión Ganadera recibieron un mail en el que se hablaba de Larrarte como “una empresa completamente ajena a la nuestra” de la que “conocimos su sospechoso proceder desde que nacieron”.
Sigue el mail de Conexión Ganadera a sus inversores sobre el caso de Larrarte: “pagaban intereses cada 45 días sin que existan negocios ganaderos con ese plazo y solamente la ingenuidad de inversores buscando mejores rendimientos explicaría su error. Nosotros solo podemos recordar nuestros 25 años cumpliendo religiosamente con ustedes”.
La pregunta clave es por qué esto se dio durante tanto tiempo. ¿Debió estar controlada de alguna forma Conexión Ganadera? ¿Qué rol juega el Banco Central?
A priori, uno podría pensar que algo que involucra una inversión debería estar regulado y controlado por el Banco Central. Sin embargo, ¿qué dice la normativa? La ley de Mercado de Valores y la Carta Orgánica del Banco Central definen el perímetro regulatorio de la entidad. Allí se establece que deben registrarse aquellas empresas que emiten valores.
El Banco Central desde el 2018 realizó 11 actuaciones en empresas de este tipo incluyendo a Conexión Ganadera. Allí analizó el modelo de negocio y los contratos, entre otros. En una reciente entrevista que le realicé para El País, el presidente del Banco Central, Washington Ribeiro decía: “si la configuración del negocio no entra dentro de nuestra regulación, no podemos ir más allá, porque estaríamos entrando en un abuso de funciones o en alguna otra figura”.
Los contratos de Conexión Ganadera por el que el inversor ponía el dinero y a cambio iba a recibir una rentabilidad fija anual, fueron mutando a lo largo del tiempo. La base de los contratos establecía que el inversor daba el dinero a la empresa Hernandarias XIII, propiedad también de Basso y Carrasco que se encarga de la parte productiva y Conexión Ganadera era la administradora.
Actualmente el caso está en dos ámbitos judiciales: el civil con el concurso de acreedores de Conexión Ganadera, Hernandarias XIII y las empresas que conforman el conjunto económico por un lado y el ámbito penal por otro.
El concurso de acreedores está en la etapa de verificación de créditos donde los inversores presentan los contratos que tienen, las transferencias de dinero que hicieron, es decir todo aquello que acredite que son acreedores. El concurso desplazó las autoridades, por lo que hay un síndico que en este momento se encarga de la gestión de la empresa.
Se estima que el pasivo, es decir las deudas de Conexión Ganadera, ascienden a unos US$ 400 millones y el activo, es decir lo que puede servir para pagar esas deudas, alcanza a US$ 150 millones. Entonces, hay un desfasaje de US$ 250 millones. Por eso se trabó embargo contra Carrasco, su esposa Iewdiukow y la viuda de Basso (Cabral) y sus hijas.
Hay un aspecto no menor, la mayor parte de esos US$ 150 millones de activo es el ganado, que por un lado hay que mantenerlo y por otro, su precio de venta varía, lo cual es un problema.
El contador Ricardo Giovio que a pedido de la empresa había revisado los números en enero, señaló en una presentación a inversores que el ganado implicaba en ese momento cerca de US$ 100 millones. A su vez, campos propios de la empresa tenían un valor cercano a US$ 13 millones y hay otros US$ 45 millones en créditos a frigoríficos.
Uno de ellos es el frigorífico Casablanca en Paysandú, que tiene una deuda de US$ 27,7 millones y que envió a su personal al seguro de paro. Lo mismo ocurrió con el frigorífico Paso de Los Toros que tiene una deuda con el grupo económico Carrasco-Basso de US$ 15,7 millones.
Cabe señalar que además del negocio de producción ganadera, al que como escuchamos se sumó también el de préstamos a frigoríficos, Conexión Ganadera tenía además otros como la creación de puntos de venta de carne premium en Uruguay y Estados Unidos bajo la marca Stradivarius.
Fuentes que conocen el caso dijeron a Punto de Encuentro que la empresa se manejaba como un kiosco. La contabilidad era precaria y, por ejemplo, carecía de un cuerpo de abogados. Cabe recordar que hay unos 19 abogados de los damnificados por la empresa, de los cuales tres lideran en cantidad de representados: Costa, Ignacio Durán y Juan Pablo Decia.
En el ámbito penal, la investigación la lleva el fiscal especializado en lavado de activos Enrique Rodríguez, quien ya dijo que es una “compleja madeja” la que se denuncia. Los abogados colaboran con información, pedidos de datos, aportan ideas al fiscal y entienden que hay más de un delito.
Recientemente, el fiscal Rodríguez solicitó la colaboración de la Unidad de Análisis e Información Financiera (UIAF) del Banco Central y de la Secretaría Nacional Contral el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Senaclaft). ¿Qué pueden aportar la UIAF y la Senaclaft a la investigación? Esto respondió Leonardo Costa.
Aquí ya se han tomado varias medidas cautelares, como el cierre de fronteras por 180 días para los indagados. En la audiencia donde esto se fijó, el abogado de Daniela Cabral, la viuda de Basso, dijo que “está pasando un momento difícil de su vida después de perder a su marido y pocas ganas tiene de salir a recorrer el mundo”.
Mientras la Fiscalía avanza en la investigación, se han cruzado acusaciones entre Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow por un lado y Daniela Cabral, la viuda de Basso, por otro sobre la responsabilidad en la empresa.
Carrasco e Iewdiukow señalan que ellos no se encargaban de la parte financiera de la empresa, que era Basso quien ocupaba ese rol y que desconocían la diferencia enorme entre activos y pasivos.
Por su parte, Cabral, a través de sus abogados, Eduardo Sasson y Pablo Donnángelo, dijo que Carrasco e Iewdiukow actúan de “mala fe” y que “constituye una subestimación a la inteligencia de la sede suponer que el señor magistrado creerá que Carrasco y su esposa, siendo el 50% del paquete accionario de Conexión Ganadera, no tuvieran acceso a los estados contables de dicha empresa”, según el escrito al que accedió el diario El Observador.
¿Qué va a pasar con este caso?
Los inversores podrán cobrar todos lo mismo o aquellos que en sus contratos figuran números de caravanas de ganado podrán recuperar más?
El abogado Juan Pablo Decia propone que como hay inversores que tienen ganado y otros no, que se llegue a un acuerdo entre inversores para que el producido de la venta de ganado vaya a ambos, porque de otra forma, la disputa entre quienes tienen ganado y los que no, podría hacer demorar el concurso de acreedores. El objetivo, me explicaba Costa, es ver el pasivo total y ver cuáles son los activos y traer todos los activos posibles a la masa concursal de manera tal de satisfacer los créditos de los acreedores.
Como decía previamente, un problema con este tipo de concurso de acreedores es que el gran activo que hay es el ganado que requiere un trabajo de sanidad, que necesita alimentación, peones que se encarguen de su manejo. Esos recursos tienen que salir de la venta de ganado. Esto explicaba Costa.
En el siguiente informe de Fabián Tiscornia, repasamos el surgimiento, manejo y caída de una de las pincipales empresas del rubro ganadero con los testimonios de algunos de sus principales actores:
Escucha el informe completo aquí:
