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En Uruguay, 68 niños viven junto a sus madres en cárceles del país. Un informe presentado en el Parlamento alerta sobre las consecuencias de esta realidad y reclama la necesidad de fortalecer penas alternativas para proteger los derechos de la infancia y mejorar la rehabilitación de las mujeres.
La imagen de un niño creciendo tras las rejas interpela. En Uruguay, actualmente 68 niñas y niños viven con sus madres en unidades penitenciarias. La mayoría son bebés menores de dos años. Esta situación, que impacta directamente en el desarrollo infantil, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de pensar medidas alternativas a la prisión para mujeres con hijos a su cargo.
El último informe presentado por la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario, advierte sobre el crecimiento sostenido de la población femenina en el sistema carcelario. Mientras que la cantidad total de personas privadas de libertad aumentó un 6% en el último año, la población de mujeres creció un 18%, triplicando ese ritmo.
Este incremento genera un efecto inmediato: más niños y niñas terminan viviendo dentro de las cárceles, o bien enfrentan la separación forzosa de sus madres. Según datos del informe, se estima que alrededor de 2.500 niños y adolescentes atraviesan situaciones de vulnerabilidad social por tener a su madre en prisión.
Además, el 86% de las mujeres encarceladas junto a sus hijos fueron condenadas por delitos vinculados al microtráfico de drogas, en muchos casos impulsadas por la precariedad económica, la falta de oportunidades laborales y situaciones de violencia de género.
El informe remarca que otros países de la región, como Argentina, Brasil y Chile, avanzaron tras la pandemia en políticas de desprisionalización para mujeres embarazadas y madres con hijos pequeños, mientras que en Uruguay las cifras siguen en aumento.
Las condiciones dentro de las unidades penitenciarias para madres e hijos, aunque han mejorado en los últimos años, siguen siendo adversas. Muchas veces los niños no acceden a centros educativos en tiempo y forma, y crecen en entornos limitados, rodeados de alambrados, controles y espacios reducidos que no están pensados para su desarrollo pleno.
Recomendaciones y desafíos
El informe parlamentario plantea una serie de recomendaciones urgentes, entre ellas:
- Ampliar la posibilidad de aplicar penas alternativas como la prisión domiciliaria asistida.
- Crear dispositivos de casas cuidadas y centros de medio camino para mujeres con hijos.
- Desarrollar políticas de apoyo social y redes de contención para acompañar a las mujeres en su rehabilitación e inserción social.
También propone revisar las restricciones actuales que impiden aplicar estas alternativas a gran parte de las mujeres condenadas por microtráfico, delito que hoy concentra la mayor parte de la población femenina en las cárceles.
El encarcelamiento femenino no solo afecta a las mujeres, sino que deja marcas profundas en la infancia. El desafío es construir un sistema penal capaz de contemplar las particularidades de las mujeres con hijos a su cargo, poniendo en el centro los derechos de los niños y apostando a medidas que contribuyan a una verdadera reinserción social.
Repercusiones políticas:
En la presentación de este informe, hicieron uso de la palabra diferentes actores políticos, tanto del gobierno como legisladores del oficialismo y de la oposición.
La diputada del Partido Nacional, Fernanda Sfeir, se refirió al origen de las penas y las altas tasas de mujeres privadas de libertad. En este sentido, señaló que la respuesta al rol de la pena está en nuestro marco constitucional, mencionó lo qué penalizamos y los diferenció por género.
En este sentido, expresó la importancia de relacionar este tema con la violencia de género y remarcó la importancia de la inclusión del Poder Judicial por el rol clave que juega.
Por otra parte, hizo hincapié en la cifra de niños involucrados en las cárceles y destacó la importancia de saber cuál es el número de hijos a cargo de su padre en privación de libertad. Además, recalcó la necesidad de trabajar con las familias de las personas privadas de libertad.
Por su parte, la senadora del Frente Amplio, Bettiana Díaz, dijo que esto es responsabilidad de haber vivido tantos años de “populsimo penal”, explicó este término y criticó a la Luc y el impacto que esta ley tuvo en las mujeres.
Remarcó también la necesidad de implementar medidas alternativas, se refirió a la violencia de género y sostuvo que en el interior, asi como en el módulo 9, crece la cantidad de niños que entran al sistema penitenciario, durante el fin de semana, como consecuencia de las visitas.
En este contexto, reclamó un “protocolo de protección de las infancias que visitan agresores sexuales en las cárceles”, y contó la experiencia de su correligionario Gabriel Otero, quien estuvo recluído junto a su madre durante la última dictadura cívico militar.
Por su lado, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, mostró su optimismo por las penas alternativas, porque atiende a todo el entorno familiar, ya que la sanción ahora es el problema, y remató que tenemos que pensar en un sistema diferente.
