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En su columna Que Alguien lo Explique en Punto de Encuentro, Fabián Tiscornia habló sobre la polémica por el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial que incluyó el gobierno en el proyecto de ley de Presupuesto. Realizó un repaso de las flexibilizaciones al secreto bancario en Uruguay y las opciones sobre la mesa.
El secreto bancario fue impuesto por decreto-ley del 14 de setiembre de 1982 y luego sufrió diversas flexibilizaciones para dar acceso a información de cuentas bancarias de empresas y personas a organismos y por casos de lavado en 1986, 1991, 1998.
En 2006 se dio la posibilidad a la Dirección General Impositiva de pedir ante la Justicia el levantamiento del secreto bancario en casos de presunción de defraudación.
Ya en 2010 Uruguay se comprometió a levantar el secreto bancario a pedido de las autoridades impositivas de países con los que hubiera firmado acuerdos de intercambio de información, siempre con la intervención judicial.
Ahora el gobierno propone que ese levantamiento del secreto bancario se de en forma automática, sin intervención judicial, cuando haya un requerimiento del fisco extranjero. Con esto, “salvaría el examen” del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios de la OCDE que corre en estos momentos.
Pero, lo que más polémica genera es que el proyecto de ley de Presupuesto prevé que la Dirección General Impositiva también pueda requerir información bancaria sin pasar por la Justicia.
¿Qué opciones maneja el gobierno ante la crítica de la oposición por esto? ¿Qué otras alternativas tiene? Sobre eso fue la columna Qué Alguien lo Explique.
