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Un caso de adopción internacionalizado y atravesado por decisiones excepcionales, posibles irregularidades y episodios aún sin esclarecer, vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de protección de la infancia en Uruguay.

El protagonista es un niño nacido a fines de 2017 en un contexto de extrema vulnerabilidad. Su madre, María de los Ángeles González Colinet, se encontraba en situación de calle, con consumo problemático de drogas, mientras que su padre estaba privado de libertad. En 2018, la Justicia resolvió su ingreso al sistema de protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

Dos años más tarde, en marzo de 2020, la pareja conformada por Nicole Minetti y Giuseppe Cipriani inició el proceso formal de adopción. A fines de ese mismo año, el organismo autorizó la convivencia del menor con la pareja bajo régimen de tenencia provisoria.

Sin embargo, en 2021 ocurre uno de los hechos más sensibles del caso: el niño salió del país junto a la pareja para someterse a una intervención médica en el exterior, concretamente a Boston, Estados Unidos para una serie de controles cada 6 meses, cuando aún no existía una resolución judicial definitiva que les otorgara la tutela. Hasta hoy, no hay claridad sobre quién autorizó esa salida, ni cómo se concretó.

Pese a esto, en abril de ese mismo año el INAU seleccionó a la pareja como adoptante, en un proceso catalogado como “de excepción”, ya que —según la documentación— durante tres años no se habrían encontrado familias interesadas.

Esta afirmación es cuestionada por un matrimonio de Maldonado, que asegura haber mantenido vínculo con el niño e incluso haber iniciado un proceso de preadopción.

El padre adoptante, en diálogo con Telenoche, criticó el proceso de Inau y le llamó la atención la demora en las respuestas por parte del organismo, luego de detallar todos los pasos realizados para concretar la adopción.

Añadió el hombre que se encariñaron con el menor, incluso afirmó que llegaron a pasar un 24 de diciembre juntos, por lo que lamentó la situación y mostró su dolor al respecto.

La mujer señaló que le solicitaron dejar de trabajar en ese hogar del Inau, cosa que realizó, y afirmó que mantenían contacto con el menor.

 

Finalmente, el 15 de febrero de 2023, la Justicia otorgó la adopción definitiva, destacando el vínculo afectivo generado entre el niño y la pareja Cipriani – Minetti adoptante

El diputado nacionalista y expresidente del Inau, desde abril de 2020, Pablo Abdala, defendió el proceso de adopción y destacó que todo se inició en 2018 cuando el niño ingresó al sistema, al tiempo que remarcó el proceso judicial, el cual fue siempre bajo la legalidad.

Por su parte, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, llamó a investigar el caso y le transmitió su confianza a la institucionalidad pública, al tiempo que mostró su preocupación por la noticia.

El caso tuvo repercusión también en el Parlamento uruguayo, porque la diputada por el Frente Amplio, Graciela Barrera realizó 8 pedidos de informe a diferentes ministerios y organismos del Estado.

Según pudo constatar radio Universal, uno de ellos es al Ministerio de Desarrollo Social, si la cartera le solicitó informes específicos al Inau acerca de los hechos vinculados al caso, pidió saber además el detalle de las políticas vigentes para la protección de los niños en situación de vulnerabilidad en el departamento de Maldonado, y conocer también si el ministerio prevé realizar evaluaciones sobre los proteocolos de control en hogares y modalidades de cuidado del Inau en ese departamento.

Por otra parte, realizó pedidos de informes a la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por presuntas operaciones sospechosas vinculadas al empresario Giuseppe Cipriani, que lo linkea con Jeffrey Epstein, y que se menciona en los Epstein Files.

Al Ministerio del Relaciones Exteriores, le solicitó saber si se recibió alguna solicitud de cooperación judicial.

Al ministerio del Interior, le pidió conocer el estado actual de la investigación de la desaparición de la madre biológica y si se conecta con el caso.

Pero el caso no se detiene allí. En junio de 2024, la abogada designada por el Juzgado de Familia, Mercedes Nieto, murió en un incendio inicialmente catalogado como accidental. Una pericia privada posterior planteó la posibilidad de una muerte violenta.

A esto se suma la desaparición, desde febrero de este año, de la madre biológica del niño. Ambos hechos son investigados por la Fiscalía en causas separadas.

El empresario italiano Giuseppe Cipriani defendió la adopción que realizó junto a Nicole Minetti en Uruguay y aseguró que el proceso se llevó adelante de forma legal, tras casi cuatro años de trámites ante la Justicia y organismos competentes.

En una entrevista concedida al portal italiano Corriere Della Sera, Cipriani sostuvo que “no hubo ningún engaño” y que la adopción fue “un acto de amor”, al tiempo que cuestionó las versiones difundidas en Italia, donde —según afirmó— se instalaron informaciones falsas sobre la legalidad del procedimiento .

El empresario indicó que el trámite incluyó la intervención de jueces, asistentes sociales y psicólogos, y destacó que Uruguay “es un país serio donde las cosas se hacen correctamente”. Además, señaló que junto a Minetti están evaluando iniciar un nuevo proceso de adopción en el país.

«Tardamos casi cuatro años en seguir el procedimiento: jueces, trabajadores sociales, psicólogos… Uruguay no es un país bananero; es un lugar serio donde las cosas se hacen con seriedad. Y el dinero no sirve para nada; de hecho, es un país socialista; ciertas cosas no se pueden comprar», detalló el empresario.

Cipriani también rechazó vínculos con el financista estadounidense Jeffrey Epstein, y negó que haya existido una relación comercial entre ambos. Según explicó, el empresario frecuentaba sus locales, pero “nunca fue socio ni aportó financiamiento”.

En relación a la exposición mediática del caso, cuestionó la difusión de datos vinculados a la vida privada del niño y adelantó que podrían iniciar acciones legales una vez que “se calmen las aguas”.

El caso, que combina decisiones judiciales excepcionales, falta de información en episodios clave y hechos posteriores aún sin resolver, deja abiertas múltiples interrogantes sobre los controles institucionales y la transparencia en los procesos de adopción.

 

>Foto: Intendencia de Maldonado