Seis años seguidos de números en rojo, un «salvataje» legislativo que se demostró insuficiente antes de cumplir su primer aniversario, y una pulseada con el Poder Ejecutivo que en la última semana ya terminó en amenaza de tribunales. Ese es, hoy, el estado de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). Y conviene decirlo sin eufemismos: lo que se está discutiendo no es un ajuste técnico menor, es si esta Caja tiene un futuro viable o si el país está financiando, año a año, la administración ordenada de una agonía.
Vale la pena separar lo que discuten los técnicos de lo que se discute en la opinión pública, porque no son la misma pelea —y porque buena parte del ruido político de estas semanas funciona, también, como cortina para no dar la discusión de fondo.
Lo que todos admiten: el diagnóstico no está en debate
Hay un dato que ordena todo lo demás: en 2025 la Caja cerró con pérdidas cercanas a los 32 millones de dólares, y ya acumula seis ejercicios consecutivos de déficit. La propia Comisión de Expertos en Seguridad Social —convocada a fines de noviembre de 2025 e integrada por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, la OPP y autoridades de la Caja— logró cerrar un informe de consenso sobre las causas de la crisis, aunque no sobre cómo resolverla.
¿Por qué es deficitaria la Caja? La explicación no es un misterio contable, es demográfica y estructural:
Menos aportantes activos y más pasivos. La Caja funciona bajo un régimen de reparto solidario: los profesionales en actividad financian con sus aportes las pasividades de los jubilados. Cuando esa proporción se invierte —caen los activos que aportan, crecen los pasivos que cobran— el sistema deja de cerrar matemáticamente, sin que medie ninguna mala gestión puntual.
Envejecimiento poblacional. Uruguay tiene una de las estructuras demográficas más envejecidas de la región, y ese fenómeno pega directo en cualquier caja de reparto, no solo en la de profesionales.
Un diseño institucional de otra época. Distintos análisis describen a la Caja como una organización que sigue operando con una lógica de hace 25 años, sin haberse adaptado a los cambios en el mercado laboral profesional ni al aumento de la expectativa de vida.
Uso de reservas para tapar el bache. Durante una década la Caja fue absorbiendo el déficit primero con la renta de sus inversiones y después con el propio capital acumulado, lo que erosionó el colchón que debía sostenerla en el largo plazo.
El «rescate» de 2025 y por qué ya no alcanza
En julio de 2025 el Parlamento aprobó, con acuerdo entre oficialismo y oposición (con la excepción del voto en contra del senador colorado Gustavo Zubía), una reforma que subía en forma escalonada el aporte de los profesionales activos —arrancando en 18,5% y sumando puntos hasta 2028— y sumaba un aporte adicional de los pasivos por franjas de ingreso. Desde enero de 2026 rige además una nueva escala de sueldos fictos: los profesionales que se habiliten a partir de ese año quedan en una carrera de 15 categorías (en lugar de las 10 anteriores), con dos años de permanencia mínima en cada escalón.
El problema es que ese ajuste paramétrico —subir aportes, ampliar categorías— ataca los síntomas, no la causa, y eso quedó a la vista casi de inmediato: apenas unos meses después de entrar en vigencia, la propia Caja empezó a advertir que el dinero comprometido «no será suficiente», en palabras de su titular, Andrés Pérez. Hubo una mejora coyuntural real —el déficit mensual pasó de unos 8,3 millones de dólares en marzo de 2025 a un resultado prácticamente equilibrado en marzo de 2026—, pero atribuirle a ese dato una lectura de «problema resuelto» sería, directamente, engañoso: Pérez mismo reconoció que el escenario sigue siendo frágil, y que el aporte extraordinario del Estado previsto para este año todavía no se había transferido a mediados de 2026. Es decir: la ley que se vendió como el rescate definitivo depende, para funcionar, de una plata que el propio Estado que la aprobó todavía no giró.
El último round: el timbre, el decreto y la nueva propuesta
Acá es donde la discusión técnica se volvió pelea política. Ante la falta de una solución de fondo, la Caja anunció en junio que empezaría a cobrar el timbre por actos médicos que la ley le habilita a recaudar desde 2004 —un recurso indirecto de financiamiento que, según sus propios cálculos, aportaría unos 40 millones de dólares anuales, con un esquema amplio de exoneraciones para sectores vulnerables (salud pública, embarazadas, mayores de 65, pacientes en CTI, entre otros)—.
El Gobierno respondió por decreto: el 8 de julio se promulgó el Decreto 411/026, que modificó la forma de determinación y cobro del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) y, en los hechos, dejó sin efecto ese cobro. La Caja no se quedó callada: Andrés Pérez calificó la medida como una intromisión sobre una potestad que la ley le asigna desde hace dos décadas, y el directorio ratificó que recurrirá el decreto por vía judicial si no aparecen soluciones estructurales.
En paralelo —y esto es lo más reciente, de esta misma semana— la Caja le presentó al Poder Ejecutivo un paquete de propuestas alternativas, en una reunión con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Entre los puntos: incorporar nuevas profesiones al régimen de aportes; obligar a aportar a nuevos profesionales sean dependientes o independientes; que el aporte se calcule sobre ingresos reales y no sobre sueldos fictos; destinar parte del IVA de la actividad profesional a la Caja; y, el punto más sensible políticamente, que el IASS que hoy pagan los jubilados profesionales vaya a la Caja en lugar de al BPS. Este último reclamo es, según las autoridades de la Caja, el que realmente definiría la sostenibilidad de la institución más allá de 2029 — y es, no casualmente, el que el Ejecutivo se resiste a conceder.
La lectura de Saldain: sin eufemismos
Rodolfo Saldain presidió la Comisión de Expertos en Seguridad Social y viene marcando el problema de la Caja de Profesionales desde hace más de una década, con un nivel de crudeza que contrasta con la diplomacia habitual del debate oficial. Es, probablemente, la voz técnica menos condescendiente de toda esta discusión, y vale la pena dejar que hable con sus propias palabras.
Sobre el fondo del problema, resumió la lógica que casi nadie más se anima a poner en el centro: «La demografía manda en esto de la seguridad social». No es una frase de efecto: es la constatación de que ningún ajuste de tasas ni de escalas cambia el hecho de que hay cada vez menos activos sosteniendo a cada vez más pasivos, y de que envejecer como país no es una opinión, es un dato.
Sobre la Caja puntualmente, ya en 2021 advertía que el organismo «necesita cirugía mayor», y esa misma semana precisó, en Desayunos Informales, que la reforma pendiente requería una «cirugía extrema». Los años no lo hicieron más optimista: en una entrevista más reciente fue tajante al describir la trayectoria de la institución: «hace veinte años que va en camino al precipicio». Y sobre lo que hoy está en juego para los afiliados, lanzó quizás la frase más incómoda de toda la discusión, la que debería inquietar a cualquier profesional activo que hoy aporta confiando en cobrar su jubilación en los términos prometidos: «lo que nos han prometido, no lo vamos a poder cobrar».
Es una constatación durísima, dicha por quien preside el organismo técnico creado por el propio gobierno para diagnosticar el problema. Y hay un dato adicional que conviene subrayar: Saldain marcó que la Caja de Profesionales es, dentro del universo de cajas paraestatales uruguayas, la que más se deterioró en los últimos tiempos —lo cual la convierte en advertencia temprana de lo que les puede pasar a las demás si el país sigue posponiendo la conversación de fondo.
La lectura crítica
Lo que emerge de este cruce de datos es, en el fondo, una discusión sobre quién paga la cuenta disfrazada de discusión técnica. Y ninguno de los dos actores principales sale bien parado.
El Gobierno lleva meses evitando la pregunta que más le duele: si el Estado uruguayo va a asumir, con todas las letras, que hay un pasivo actuarial de miles de millones de dólares del que tarde o temprano tendrá que hacerse cargo. Anular por decreto el cobro de un timbre que la propia ley habilita desde 2004 no es una solución de fondo: es, en el mejor de los casos, comprar tiempo político sin resolver nada; en el peor, es dejarle a la Caja la responsabilidad de un ajuste que el Ejecutivo no quiere firmar con su nombre. Y negarse sistemáticamente a redirigir el IASS de los pasivos profesionales —el reclamo que la propia Caja identifica como el que definiría la sostenibilidad después de 2029— mientras se exige «solución de fondo» es, cuando menos, una contradicción que alguien debería señalarle al Poder Ejecutivo con más insistencia.
Pero la Caja tampoco puede presentarse como víctima inocente. Viene advirtiendo la crisis desde hace una década sin haber empujado con la misma fuerza los ajustes estructurales —edades, beneficios, control de evasión— que hoy reclama que otros paguen. Poner un timbre en junio y amagar con judicializar en julio es, también, una estrategia de presión pública más que un plan de sostenibilidad.
Mientras las dos partes se acusan mutuamente y se cruzan decretos con amenazas de tribunales, el diagnóstico técnico —el que nadie discute, ni el Gobierno ni la propia Caja— sigue esperando una respuesta que nadie quiere dar en público: si la base de aportantes sigue encogiéndose y la expectativa de vida sigue subiendo, ningún parche de tasas, escalas o timbres alcanza para siempre. Saldain lo dijo de la forma más incómoda posible y por eso mismo es la frase que hay que repetir: buena parte de lo prometido no se va a poder cobrar. Postergar la discusión sobre edades jubilatorias y nivel de beneficios con medidas de emergencia no resuelve el problema estructural; solo decide quién administra la crisis mientras dura la tregua, y quién termina pagando el costo político de decir la verdad primero.
