La Junta Departamental de Canelones analizó hoy la imposición de cinco multas a tres productores rurales del departamento por incumplimiento de la normativa ambiental. Tres corresponden al médico Máximo Castilla, de Paso Picón; dos son por 10.000 unidades reajustables (UR) y una por 15.000 UR, que en total implican una cifra cercana al millón de dólares. Las tres son por el mismo concepto: fumigación, y reiteración de fumigación, “en al área de exclusión de actividades que generen perjuicio a la salud de los pobladores o al ambiente de 300 metros en torno al perímetro rural con asentamientos humanos”. Otra de las multas, por 20.000 UR (unos 625.000 dólares), es contra el propietario de un predio en el paraje Las Brujas, por “alteración física del territorio en un ámbito cautelado”: abrió un canalón para poder llevar su embarcación al río Santa Lucía. La tercera, también por 20.000 UR, es contra un productor de la cuenca de la Laguna del Cisne por “modificación predial de un ámbito cautelado”, ya que secó un bañado para tener más terreno para cultivar.
Según explicó el edil por el Frente Amplio (FA) Maximiliano Rivero, las multas mayores a las 70 UR deben recibir la aprobación de la Junta Departamental; las que son de hasta 210 UR, por mayoría simple (16 votos) y las de montos mayores, por dos tercios de los ediles (21 votos). Añadió que las multas al productor de Paso Picón son altas “por reiteración de la fumigación en una zona prohibida.
La bancada del FA, integrada por 19 ediles, está decidida a aprobar las multas. “Queremos dar una señal a los vecinos del departamento, a los productores, a todo el mundo, de que acá hay normas y se tienen que respetar”, afirmó Rivero. “Está el mito de que las multas son bajas, entonces el productor viene, paga y sigue contaminando, y estas multas desmitifican eso. Las multas duelen, son altas, para disuadir de que se siga contaminando el ambiente”, argumentó. Consideró que se debe intentar “conjugar la historia productiva del departamento, los pequeños productores, los chacreros, con todo el avance de la tecnología aplicada a la producción y, como siempre, hay una contraposición de intereses: el capital, que busca rentabilidad, acumular y acumular, y por otro lado la salud, el ambiente, la vida de la gente”.
Pero para que las multas se aprueben faltan dos votos. La bancada del Partido Nacional (PN, de nueve ediles) y la del Partido Colorado (de tres) resolverán hoy, antes de la sesión, una postura sobre el tema. Castilla, que pertenece a una agrupación nacionalista, fue recibido por la bancada del PN y anunció que presentará recursos contra las multas. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca lo multó en junio de este año con 60 UR por “la existencia de daño por deriva en predio de denunciantes”, y el Ministerio de Salud Pública comprobó “la exposición reiterada a plaguicidas por parte de la población residente de la zona y que la misma ha afectado la salud de los pobladores”.
Integrantes de la bancada nacionalista dijeron a la diaria que la mayoría de los ediles está dispuesta a aprobar una multa ante los incumplimientos, pero que no están de acuerdo con el monto, que sería “expropiatorio”. Rivero señaló que el “carácter confiscatorio es propio del derecho tributario”, y esta es una sanción y no un tributo. Añadió que los productores “tienen capacidad de pago de la multa; tienen tierras en muchas partes de Canelones”.
