En el Congreso de Intendentes, también se hizo presente la Ministra de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Eneida de León, quien fue interrogada por el Intendente Moreira sobre el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial a consideración del parlamento, donde a criterio de varios Intendentes, tiene varias observaciones que perjudican la autonomía de los gobiernos departamentales. El Doctor Moreira, como presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de Intendentes, realizó un pormenorizado informe de las observaciones que tiene esta ley, luego de trabajar este tema con el equipo técnico de la Intendencia de Colonia, especialista en esta materia, también fue recibido Eduardo Bonomi como Ministro del Interior.
También concurrieron la mayoría de los alcaldes que ganaron proyectos en el programa Uruguay Integra + Local, como por ejemplo el Alcalde de Rosario, Daniel Dibot. Se nombró un grupo técnico para estudiar el proyecto de ley Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, el tema más debatido.
La presencia de la ministra de Vivienda, Eneida de León, estuvo vinculada con la presencia de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU), con una delegación encabezada por su presidente, Álvaro López. La presentación de la normativa nacional de edificaciones, higiene y viviendas fue el tema subrayado como de gran importancia. Se trata de una norma que regirá a nivel nacional una vez que sea aprobada por las juntas departamentales de todo el país. No obstante, la presencia de la ministra hizo que los intendentes Carlos Moreira, de Colonia, y Enrique Antía, de Maldonado, expresaran críticas al proyecto de ley Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, con media sanción en Diputados. «Algunos intendentes tenemos mucha preocupación por este tema, referido a asuntos de autonomía departamental, no solamente destacada por la Constitución, también por la ley de Ordenamiento Territorial», dijo Moreira. «Puedo decir que cinco destacados técnicos de intendencias del sur del país, blancas y no blancas, se han reunido en varias oportunidades, compartiendo la preocupación por algunos aspectos del proyecto; quisieron compartirlas en Diputados, pero no les fue posible y quieren que no ocurra lo mismo ahora en el Senado», agregó Antía. La ministra de Vivienda se puso a las órdenes de todos los intendentes: «creí que se había considerado con todos ustedes este proyecto, que me parece muy bueno, que respeta precisamente las autonomías departamentales. Pero si hay que hacer una ronda de estudio, les quiero decir que estoy totalmente a disposición, al igual que la gente de mi ministerio». Fue después que la ministra De León abandonara el recinto cuando arreciaron las críticas con mayor crudeza.
Moreira esgrimió un documento de Ricardo Gorosito y Pablo Ligrone, catedráticos de la Universidad de la República y de la Universidad Católica, que sostiene que «el proyecto de ley viola en algún caso la Constitución, las autonomías departamentales y le da un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para que no respete normas de jerarquía legal», afirmó el intendente Colonia. «No se le ha dado participación a los gobiernos departamentales, no se nos consultó nuestra opinión y no se siguió el régimen de asambleas públicas», agregó. Moreira subrayó que la ley de Ordenamiento Territorial prevé la consulta de los intendentes al elaborarse las directrices, lo que no sucedió. «La información técnica que ella tiene no coincide con la que nosotros tenemos», destacó Antía. Este proyecto «genera una serie de preocupaciones importantes», por lo que «tenemos que formar un equipo técnico de las intendencias que lo estudie para ir luego a hablar técnicamente con la ministra», agregó. El intendente de Tacuarembó, Eber da Rosa, aludió a la necesidad de considerar profundamente el proyecto. Dijo que el grupo inversor interesado en instalar la tercera pastera le planteó la necesidad de «la estabilidad y vigencia de las normas en materia de ordenamiento territorial porque, como todo grupo inversor, lo que más quiere es que no haya cambios a mitad del camino». Por su parte el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, firmó con el presidente del Congreso de Intendentes Daniel Martínez, en representación de todos sus pares, un convenio con el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) que unifica la actuación de la Policía Nacional de Tránsito y la policía departamental en el cobro de multas por transgresiones a la Ordenanza General de Tránsito. Estuvo acompañado por Charles Carrera, director general de secretaría del ministerio. «Era una forma media anacrónica de proceder, porque teníamos dos cuerpos de Policía, la Policía Nacional de Tránsito y la policía departamental cobrando multas.
La misma policía tenía dos organismos para cobrar multas, lo que no corresponde», dijo Bonomi. «En el congreso estamos avanzando en la unificación de diversos temas como el Sucive, libreta única de conducir, normas de higiene y, ahora, multas de tránsito, con lo que estamos avanzando en ser un solo país», dijo Martínez. Mientras tanto Carmelo Vidalín, intendente de Durazno, subrayó que el convenio necesitaba «una cláusula más, referida a la colaboración de los miembros del Ministerio del Interior con nuestros inspectores de Tránsito. Hoy lamentablemente, se burlan de los inspectores en Durazno y en el resto del Interior. Estoy en contra de la represión y apuesto a la educación, pero hay un momento que supera la labor de los inspectores de Tránsito, y entonces se hace necesaria la colaboración de la Policía. Y creo que no debe ser con la buena voluntad del jefe de Policía de turno, sino a través de un convenio nacional». En esa línea, el intendente de San José, José Luis Falero, principal referente del congreso en el Sucive, indicó que al convenio se le puede realizar incorporaciones, «por ejemplo, la que plantea Vidalín». «La voluntad está, creo que hay que incorporar al Ministerio del Interior como el departamento número 20», subrayó.
Municipios de diecisiete departamentos firmaron el contrato con el programa Uruguay Integra + Local con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en el marco del Congreso de Intendentes, en la medida que cada proyecto ganador necesitaba el aval de cada intendente departamental.
Ganaron proyectos los alcaldes de Provenir (Paysandú), Lorenzo Geyres (Paysandú), Baltasar Brum (Artigas), Rosario (Colonia), Batlle y Ordóñez (Lavalleja), Nuevo Berlín (Río Negro), Bichadero (Rivera), Constitución (Salto), Ecilda Paullier (San José), Dolores (Soriano), Casupá (Florida), San Gregorio de Polanco (Tacuarembó), Lascano (Rocha), Colonia Nicolich y Toledo (Canelones), Municipio B (Montevideo), Arbolito, Noblía y Arévalo (Cerro Largo, sin la asistencia del intendente Sergio Botana, por lo que el contrato no quedó vigente aún) y Santa Clara del Olimar (Treinta y Tres, sin la asistencia del alcalde, Oscar Alfredo Viera, por lo que tampoco quedó firme el contrato), La Paloma (Rocha, sin la presencia del alcalde Alcídes Perdomo). «Los fondos serán transferidos a las intendencias y desde estas a los municipios en 2017. Esta firma no permite salir a meter pala en proyectos de infraestructura; sirve para pensar cómo transformamos cada presentación en un proyecto que al intendente, al municipio y a la OPP deje conformes, eliminando la mayor cantidad de riesgos en la ejecución de estos proyectos de infraestructura», dijo Pedro Apezteguía, director de Descentralización e Inversión Pública de la OPP.
