A una semana de la muerte de la bailarina Valeria Sosa, el Ministerio del Interior todavía no confirmó por qué no le fue retirada el arma de reglamento a su expareja, quien ejercía como policía y ya había sido denunciado por violencia doméstica en 2015. No obstante, la cartera aseguró que  investiga el hecho y aplicará «las más duras medidas» a el o los responsables de la falta.

Valeria fue asesinada el lunes 30 de enero. El pasado jueves, durante una movilización de la comparsa Mi Morena, que ella integraba, hubo críticas por la inacción de las autoridades tras la denuncia del 2015, dado que al policía se le debió retirar el arma de reglamento. Con esa arma fue que luego dio muerte a su expareja.

El Ministerio del Interior todavía no confirmó porqué no se le retiró el arma, aunque emitió el siguiente comunicado:

En el año 2015 se firmó el decreto 111/2015 que aprobó el «Protocolo de actuación en materia de violencia doméstica y/o género en el ámbito del Ministerio del Interior», un instrumento de abordaje integral para prevención, atención, sanción y reparación en los casos que involucren a funcionarios de la cartera.

La infame muerte de una mujer a manos de su ex pareja (policía en actividad), caló hondo en la Secretaría de Estado, dejando de manifiesto que no basta la confección de protocolos si no se garantiza la eficaz aplicación de los mismos.

En ese sentido, y con el profundo dolor que significa para las autoridades una muerte que pudo y debió evitarse con las medidas dispuestas en ese instrumento, se sustanciaron acciones para aclarar los hechos y/o circunstancias que llevaron a este lamentable y doloroso resultado. 

La investigación en curso echará luz en el procedimiento que mereció el caso y la cartera no vacilará en aplicar las más duras medidas que estén a su alcance sobre los presuntos responsables.

Una herramienta como el protocolo en cuestión pudo y debió evitar esta muerte. 

El Ministerio del Interior hace llegar a la ciudadanía en general y a las personas en situación de violencia doméstica y/o de género en particular, su más absoluta solidaridad y la renovación del compromiso asumido junto con la profundización de las acciones para la protección de las víctimas.