Los integrantes y titulares de las gremiales comerciales y empresariales agrupados en CRECE también han emitido un comunicado para apoyar al Dr. Tomás Casas, Presidente del Centro Comercial e Industrial de Lavalleja, quien fuera denunciado penalmente por la intendente de Lavalleja, Adriana Peña.
Todo comenzó cuando Peña reconoció públicamente que su Intendencia ha realizado compras en negro para ahorrar y aseguró que incluso había notificado del hecho al presidente de la República, el Dr. Tabaré Vázquez, en el Congreso de Intendentes.
Al enterarse del caso, Tomás Casas, hizo declaraciones públicas en un programa de cable local para señalar la gravedad del caso. En respuesta, la intendente Adriana Peña le realizó una denuncia penal por los delitos de difamación e injurias y esta semana, el 14 de febrero, tendrá lugar la primera audiencia.
“Esta situación es tan alarmante que, mientras el Dr. Tomás Casas denunciaba las compras en negro por parte de la Intendencia, los inspectores de la DGI llegaban al Departamento de Lavalleja, especialmente a la ciudad de Minas, y realizaban operativos feroces sobre los pequeños comerciantes locales”, denunció la gremial empresarial. “Pero esto no termina ahí, todavía hay algo más… En ese mismo Congreso de Intendentes, la Intendenta de Lavalleja dice conocer que otras intendencias también realizan compras en negro”, agregó.
Respaldo
“Los integrantes y titulares de las gremiales comerciales y empresariales agrupados en Crece queremos expresar no solo nuestro apoyo, sino además nuestra satisfacción con las actitudes adoptadas por el Dr. Tomás Casas en virtud del cumplimiento de su papel como presidente del Centro Comercial e Industrial de Lavalleja y, al mismo tiempo, en su rol de ciudadano responsable y atento a los derechos y deberes que nos impone el sistema democrático”, dijo la entidad.
“Los integrantes de Crece vamos a asistir a las audiencias del juicio oral y público promovido por la Intendenta Peña como manifestación de respaldo y solidaridad con el Dr. Casas, pero además, vamos a exigir públicamente, y en los ámbitos pertinentes, que se nos respondan algunas preguntas que nos salen al paso a partir de esta situación:
¿Si el responsable máximo de una Intendencia reconoce que realiza compras en negro para abaratar costos, por qué se les exige a los comerciantes estar en regla y afrontar todas las obligaciones impositivas que marca la ley? ¿Cómo puede aceptarse que una Intendenta afirme que el Presidente de la República -y el Ministerio de Transporte- están al tanto de esta situación y que asegure que se trata de una práctica usual mientras con los comercios establecidos el Estado practica la Tolerancia Cero, acosándolos y sancionándolos ante la más mínima irregularidad? ¿Cómo es posible que esto ocurra desde el Estado mismo? ¿Qué clase de mensaje se envía a la sociedad y en qué lugar queda la Constitución, el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley? ¿Qué ocurre cuando viola las reglas el encargado de hacerlas cumplir?”, dijo un comunicado de la institución
