Para actualizar la situación sobre esta Ley, que volvió a ser mencionada por el Presidente Vázquez como «un gran logro para el país», Lucía Betancur realizó un informe especial en Fuentes Confiables.
El Partido de los Trabajadores (PT), sin representación parlamentaria, promueve la recolección de firmas para derogar la Ley de Riego, aprobada en octubre del 2017. Nicolás Marrero, dirigente del PT, aseguró que la modificación de la Ley 16.858 privatiza el agua y viola el artículo 47 de la Constitución, aprobado en la reforma de 2004, que dice que “el agua es un recurso natural esencial para la vida” y que “el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales”.
Para que la iniciativa sea puesta a consideración de la ciudadanía se debe recolectar 700.000 firmas antes del 27 octubre de este año para luego lanzar el referéndum. Realizan un llamado a las organizaciones sociales y al PIT- CNT para que se sumen a la campaña porque sostiene que si todos los partidos votaron una ley que privatiza el agua, los trabajadores necesitan una alternativa propia, sostuvo Marrero.
El integrante del PT considera que la ley es “un avance en la privatización de agua, porque crea un mercado de agua y permite un negocio, ya que asociaciones de productores locales o extranjeros estaría administrando el recurso. Además, hay estudios de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y de distintas organizaciones ambientales que dicen que tendrá consecuencias para el abastecimiento de agua potable a la población; por lo tanto, la privatización y la contaminación van de la mano”.
Desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se afirma que Uruguay utiliza menos del 5% del agua que llega en forma de lluvia y que el resto se escurre y se va. Con el plan el agua se guarda en represas y se usa después cuando haga falta.
Actualmente el área que se riega en cultivos agrícolas es de 4% de manera que se podría extender a la ganadería en la producción de alimentos para el ganado (pasturas y cultivos forrajeros).
A mediados de octubre de 2017, cuando el proyecto era discutido en el Parlamento, académicos de la Facultad de Ciencias y organizaciones como Redes-Amigos de la Tierra y la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida advirtieron que la iniciativa viola la Constitución porque habilita la mercantilización del agua. La ley prevé la posibilidad de que inversores privados, no vinculados al sector agrícola, se incorporen a las Sociedades Agrarias de Riego; las empresas, además, se pueden acoger a los beneficios fiscales establecidos en la Ley de Promoción de Inversiones.
La FEUU también se expresó contraria a la ley de riego, considerando que “con esta reforma de la ley de riego se impulsa y dinamiza la privatización del agua, alentando la inversión privada mediante exoneraciones para crear mercados de aguas a partir del represamiento y embalse”. Agregan que se trata de una medida “ecológicamente irresponsable” que fomenta las floraciones de cianobacterias. Sostienen que no hay información como para definir los caudales mínimos a preservar para otros usos del agua, que la posición de los científicos de la Universidad de la República fue “desoída”. Concluyen que la ley está “al servicio de los grandes actores del agro que podrán acaparar y comercializar las aguas”.
La posición a favor: se hará valer el concepto caudal ambiental que asegura el cuidado y mantenimiento del suministro de agua a los usuarios en una cuenca hídrica. El agua seguirá siendo del Estado pues los proyectos que los aspirantes a regar presenten los autorizará el Estado bajo determinadas condiciones. Aumentaría la producción agropecuaria con el incremento del uso del agua a través del riego consiguiendo mayores rendimientos para lograr una estabilidad productiva y social de la actividad agropecuaria. Daniel Garín, ingeniero agrónomo y senador del MPP señala que mejorará la regulación del movimiento del agua en las cuencas, por ejemplo, cuando hay excesos reteniéndola o cuando hay sequías, regulando su tránsito por la cuenca hidrográfica.
Marrero sostiene que el Estado “no se encarga tanto del agua, porque como sostiene la ley, el privado lo que aportará además del capital será el saber hacer, porque el que se encargará de gestionar, por ejemplo, la figura de operadores de agua serian los privados, y allí está el problema de operativa de este negocio a los privados.
Para el dirigente del PT, la ley no sólo beneficia al sector arrocero, sino también a los productores de soja y maíz, además de favorecer “a actores externos al agro, como fondos financieros y capitales especulativos que pueden intervenir en este negocio”.
En la reunión que mantuvo el presidente Tabaré Vázquez con las cuatro gremiales agropecuarias el pasado lunes 16, les dijo que pueden mejorar la competitividad y rentabilidad con la correcta aplicación de la Ley de Riego que favorecerá el incremento de la producción de arroz, cuando Uruguay está entre los países con mayor producción de arroz por hectárea y entre los que más cuida el medio ambiente cuando produce.
Vázquez dijo: “falta mucho para que se tome en práctica esta ley, porque hay 50.000 hectáreas menos en el área arrocera, eso quiere decir que hay infraestructura de riego para poder hacerlas y si no se plantaron es por un problema de rentabilidad y costos. No digo que se vaya a recuperar esa área, pero obviamente que estamos lejos de que esa legislación tenga aplicación en el arroz del Uruguay en estas condiciones macro económicas”.
Marrero agregó que los beneficios para los arroceros no son inmediatos, la ganancia arrocera va a tener que esperar, por eso las reivindicaciones de los productores con la suba del dólar, la quita impositiva, son contrarias a los intereses de los trabajadores y de la población en su conjunto porque pone en rego el consumo de agua potable y crea una privatización donde no la hay. El dirigente rechaza las movilizaciones de los productores rurales porque “son reaccionarias” porque la plataforma defiende el interés de los patrones: la devaluación, la quita de impuestos a los productores y el recorte de las políticas sociales del Estado.
Aquí el informe completo en Fuentes Confiables:
