Pasadas las 17, se cumplió el plazo otorgado por el juez Sérgio Moro para detener a Lula da Silva. Sin embargo, el expresidente desafió a la Justicia y permaneció, durante toda la tarde y noche, en el segundo piso del edificio que pertenece al sindicato de Metalúrgicos. Allí pudo observar a los miles de militantes que se reunieron para respaldarlo.

Con el correr de las horas, su detención se complicó: el edificio se encontraba rodeado de miles de militantes y el ingreso de la Policía Federal podía llegar a generar una situación de extrema violencia. La estrategia del líder del Partido de los Trabajadores fue clara: si la Justicia lo quería capturar, debía hacerlo rodeado de su gente y de esa forma evitar una fotografía que lo muestre, derrotado, mientras ingresa a la prisión de Curitiba.

«Tengo derecho a recurrir nuevamente a la Justicia. Me voy a quedar junto a mi pueblo, junto a los trabajadores, la gente que lucha en Brasil, no estoy incumpliendo la orden judicial», dijo el expresidente a través de una vocera, pasadas las 17. «Lula sabe que es inocente», agregó la mujer.

La presidenta del PT, Gleisi Hoffman, mientras tanto afirmó por redes sociales que los grandes medios periodísticos «hablan de la negociación de la entrega de Lula, pero no se negocia nada, Lula no se entregará».

Para la Justicia, el hecho de que Lula se halla «atrincherado» en el sindicato no lo convierte en un prófugo. En rigor, Lula nunca se fue, siempre estuvo en el mismo lugar. Lo que ocurrió es que las condiciones para su detención no estaban dadas.

El día y horario de la entrega es aún un misterio. Algunos sostienen que lo hará el sábado, luego de celebrar una misa en homenaje a su recientemente fallecida esposa, Marisa Letícia Rocco, quien murió tras sufrir un accidente cerebrovascular. Otro escenario posible tendría lugar el lunes, una vez que la tensión baje y la militancia abandone de a poco las inmediaciones del edificio Metalúrgico.

Da Silva fue condenado por un lujoso departamento que recibió como soborno de la constructora OAS, a cambio de garantizarle a la empresa contratos con la estatal Petrobras. Estas coimas rondan los US$ 1,2 millones.

(Imagen: captura de pantalla Hispantv)