En el año 2012, una publicación del investigador Stephen Pires estimó que el comercio ilegal de fauna silvestre es una de las empresas criminales globales más grandes, ubicada sólo detrás del tráfico de drogas y la trata de personas, con un valor aproximado entre 8 y 10 billones de dólares por año. Los loros se encuentran entre los grupos de aves más afectados por este comercio ilegal, y si bien su uso como mascotas se remonta a varios siglos, en las últimas décadas su caza se incrementó a niveles críticos, convirtiendo a estas especies de aves en las más amenazadas del mundo.

Esta tendencia fue reafirmada en un estudio publicado en 2017, donde se indica que el 31% de las especies de loros se encuentran bajo riesgo de extinción debido a múltiples causas como la pérdida de hábitat y la explotación forestal. No obstante, el estudio revela que la principal causa del declive poblacional de estas especies se debe al tráfico ilegal para su uso como mascotas, y sugiere que es crítico emprender acciones para reducir la captura de loros silvestres con este fin.

A su vez, otros trabajos señalan que el comercio ilícito se encuentra en auge en América Latina, y que más allá del afecto entre mascotas y sus dueños, las aves son por lo general mantenidas en condiciones inadecuadas, tanto en lo que refiere a espacio, como dieta y atención veterinaria; al mismo tiempo que son alejadas de sus hábitats naturales y separadas de ejemplares de su misma especie. Esto genera que su tasa de mortalidad sea alta, lo que repercute en un círculo vicioso que incrementa la demanda de aves en el mercado ilegal. Asimismo, debido a las condiciones en que son traficadas, muchos animales mueren en el proceso de captura y traslados ilegales.

Este problema ha sido abordado también por las Naciones Unidas. En 2016, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Crimen elaboró un Informe Mundial de Delitos contra la Vida Silvestre donde se indica que el tráfico de vida silvestre es reconocido cada vez más como área especializada de delincuencia organizada, y una importante amenaza a muchas especies de plantas y animales. Es por ello que una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es “adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y oferta ilegales de productos silvestres”.

En Uruguay, la caza, tenencia, y comercialización de especies de fauna nativa y especies exóticas protegidas está prohibida. La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama -Mvotma) controla, principalmente a través de denuncias, la tenencia y comercialización en nuestro país de estas especies. Y trabaja con organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la conservación de especies, en proyectos que permitan la reintroducción en sus ecosistemas naturales, cuando esta es posible.

En base a la información generada en los dos últimos años, el loro amazónico (Amazona aestiva) es la especie exótica más traficada en nuestro país con fines de mascotismo. Esta ave puede encontrarse en estado silvestre en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. La evidencia indica que sus poblaciones están en declive (datos obtenidos de la lista roja de especies amenazadas de la UICN). Asimismo, es una de las especies protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), para la cual Dinama es autoridad científica y administrativa en el país.

Algo similar sucede con otra de las especies incautadas este año, el guacamayo azul y amarillo (Ara ararauna). Este loro puede encontrarse en estado silvestre en  Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, y Venezuela. Al igual que sucede con el loro amazónico sus poblaciones están en declive, siendo también una especie protegida por CITES.

Las acciones articuladas entre Estado y sociedad civil vienen dando buenos resultados en cuanto a recuperación y reintroducción de especies, pero es necesario seguir profundizando. El aporte de cada uno de nosotros puede contribuir a frenar el tráfico ilegal de fauna silvestre, cada acción cuenta, sin demanda no hay tráfico.