El Poder Ejecutivo promulgó la ley que reduce 18 % la alícuota de contribución inmobiliaria rural en los ejercicios 2018 y 2019 a propietarios de padrones menores de 1.000 hectáreas con Índice Coneat 100 (productividad) y en 10 % el monto a los no contribuyentes al IRAE. La medida beneficia al 84 % de los productores de Uruguay y es una nueva señal dentro de las 21 medidas de apoyo oficial, dijo el ministro Enzo Benech.
El descuento sobre las contribuciones inmobiliarias y el impuesto a la renta de las actividades económicas (IRAE), contenidos en la ley n.° 19615, “es una de las 21 medidas que se ejecutaron por parte del gobierno de Tabaré Vázquez desde el 29 de enero”, detalló Benech en entrevista con la Secretaría de Comunicación Institucional.
También fue una de las iniciativas presentadas por el presidente Vázquez el 19 de febrero, en ocasión de la primera reunión de trabajo con los autodenominados “autoconvocados”, gremiales y organizaciones rurales, completó.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca destacó que la norma establece una reducción del 18 % de la alícuota de la contribución inmobiliaria rural para los ejercicios 2018 y 2019, que es genérica a todos los propietarios de tierras que exploten a cualquier título padrones y que, en su conjunto, no excedan las 1.000 hectáreas con índice Coneat 100. “Ya está en condiciones de aplicarse”, definió.
“La medida abarca al 84 % de los productores agropecuarios que deben pagar el tributo”, indicó. Además, destacó que el articulado detalla que para esos ejercicios se establece una reducción adicional del 10 % del monto a pagar por la contribución a aquellos productores comprendidos, siempre que no sean contribuyentes del IRAE.
“En esos casos, llegan al 28 % de rebaja. Los productores que tributan al impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios (Imeba) son los más chicos y los que tributan por el IRAE son los más grandes, por eso hace la separación”, desglosó Benech.
Para acceder a los beneficios establecidos, los productores deberán presentar en las intendencias correspondientes una declaración jurada con detalles de los padrones que al 1.° de enero anterior explotaban, con indicación del correspondiente valor real de cada uno. El plazo para esa gestión es de cuatro meses, según lo que estipula la ley.
El último censo agropecuario registró 44.781 explotaciones, 18.982 de las cuales son de extensión menor a 50 hectáreas, 11.289 de más de 50 y menos de 200 hectáreas, 10.343 de más de 200 y menos de 1.000 hectáreas y 4.167 de 1.000 o más.
“Una vez más es una señal política, que seguramente no solucionará todos los problemas, pero es una ayuda que se agrega a varias que se pusieron en práctica”, sostuvo Benech.
“Algunas son muy puntuales y dirigidas a sectores con problemas y otra, genérica, que abarca sin distinción del rubro en que se mueve”, determinó.
