Según supo Fuentes Confiables a la fecha hay unas 5 mil empresas de diversos rubros con más de 25 empleados que podrían adaptarse al proyecto en discusión. El último censo del instituto nacional de estadística realizado en 2011 señala que más de 500 mil uruguayos declararon tener alguna deficiencia, cifra que corresponde a un 16% del total de la población. De este total 13 mil están aptos para trabajar.
El proyecto de ley de empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado, fue enviado por el ejecutivo el pasado 7 de mayo al parlamento y establece que en un plazo de tres años, todas las empresas con más de 25 empleados deben llenar 4% de sus vacantes con personas con discapacidad.
Distintos tipos de discapacidad: Autismo, enfermedades crónicas, deficiencia auditiva y sordera, discapacidad intelectual, dificultades del aprendizaje, enfermedades mentales, discapacidad física, trastornos del habla y del lenguaje y deficiencia visual y ceguera.
El proyecto que contiene 20 artículos, dispone que las personas con discapacidad empleadas al amparo de esta disposición gozaran de todos los derechos y obligaciones previstos por la normativa laboral.
Con el propósito de acelerar el proceso de aprobación, la Comisión de Discapacidad del PIT-CNT presentó, el 1º de mayo, más de 400 mil firmas recolectadas en la campaña “Yo apoyo, yo firmo”, en relación a un proyecto de ley similar que se votó en la Cámara de Diputados en 2016, pero cuya discusión se detuvo en el Senado. En este caso se manejaba la posibilidad de que la norma se aplique sólo a empresas de más de 200 trabajadores.
Durante el primer año de la vigencia de la ley; las empresas con 500 o más trabajadores deberán contar en sus planillas con un 3% de personas con discapacidad. Aquellas que tengan entre 150 y 500 deberán tener un 2% y entre 50 y 150 un 1%.
En los siguientes dos años de implementada la ley los porcentajes aumentaran un 1% en cada caso por año. Si dentro de la planilla de la empresa ya existen funcionarios con deficiencias al momento de nuevos ingresos, se descontará de aquellos a los efectos de los cálculos previstos.
En el caso de los sueldos serán abonados por las empresas que tendrán beneficios fiscales destinados por el ejecutivo. El texto también faculta al Ejecutivo a dar tratamiento preferencial a empresas privadas que contraten personal con discapacidad por encima de los mínimos previstos y un régimen con bonificaciones en los aportes jubilatorios patronales.
En tal sentido, el primer año aportarán el 25 %, lo que llega a un 100 % el cuarto año. Este proyecto prevé la creación de la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, que funcionará en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y será responsable de realizar el seguimiento y de proponer medidas para la aplicación de la ley.
El texto establece además un sistema de licencia extraordinaria sin goce de sueldo por hasta tres meses por razones relacionadas con la discapacidad del trabajador. Para funcionarios con hijos con discapacidad o enfermedades terminales se prevén licencias especiales, por ejemplo, 96 horas anuales de acompañamiento.
Por parte del PIT CNT, Martín Nieves, integrante de la comisión sostuvo que hubiera querido que la ley estuviera aprobada antes de comenzar la ronda de los Consejos de Salarios, donde se dirimen parte de los temas que implica la ley. Señaló además que buscaban generar impacto a nivel de todos los colectivos para que no sea gradual.
A la fecha el proyecto no entró a comisión de asuntos laborales y seguridad social del senado ya que se están tratando otros temas como es el asunto de la reforma de la caja militar y rendición de cuentas. En principio se comenzaría a analizar en la próxima sesión del jueves 7 de junio.
¿Qué opinan las cámaras empresariales?
La cámara de Industrias está haciendo un análisis de este tema escuchando a sus gremiales e intercambiando ideas con el resto de las cámaras empresariales. De momento no darán declaraciones hasta ser citados a comisión a debatir el tema.
Por otra parte desde la cámara de la construcción hay discrepancias con el texto del ejecutivo, ya que señalan que el número de trabajadores que se plantea es excesivo así como los beneficios que se les otorgan a estas personas, referido a las licencias especiales. Ya que si se solicita la licencia máxima el empresario no contará con el trabajador.
El presidente, Ignacio Otegui, sostuvo que el estado debería encararse de controlar si los organismos públicos están cumpliendo la ley de incorporar a estas personas. Ya que sostiene que en su sector ya cuentan con estos trabajadores y en las oficinas del estado es notoria la ausencia. Otegui señalo que no es razonable que se apliquen sanciones por incumplimiento.
En tanto elevaran en esta jornada una nota al presidente de la comisión Juan Castillo, para solicitar una entrevista para plantear estas discrepancias.
Aquí compartimos el informe completo con la palabra de las Cámaras Empresariales:
