La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal revocó la falta de mérito de Julio De Vido y decretó su procesamiento por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa Sueños Compartidos.
En el expediente se investiga el desvío de $206 millones que el Ministerio de Planificación entregó con la finalidad de que la Fundación Madres de Plaza de Mayo construya viviendas sociales.
El hecho endilgado a los imputados -entre los que están Hebe de Bonafini y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender- consistió en la utilización de la Fundación como vehículo para la recepción de fondos públicos provenientes de la cartera a cargo en ese momento de Julio De Vido con destino a la construcción de viviendas sociales, operatoria en la que se detectaron irregularidades.
Uno de los recursos que resolvió la Cámara con la firma de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia es el planteo que hizo la Unidad de Información Financiera en su rol de querellante en la causa que solicitó se revoque la falta de mérito de Julio De Vido.
Los camaristas sostuvieron que los cuestionamientos hechos por la UIF son admisibles pues los elementos de cargo reunidos «resultan suficientes para tener por comprobada prima facie la intervención» del ex ministro de Planificación en la maniobra investigada. Los jueces destacaron que quedó acreditado que la realización de las obras por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo no fue una elección de las autoridades locales (gobernadores, intendentes), sino una decisión adoptada previamente desde la cartera dirigida en ese momento por De Vido. Además esta modalidad era impuesta a las distintas jurisdicciones del país como condición para percibir los subsidios.
No puede perderse de vista -afirmaron los camaristas- la trascendencia financiera, la extensión en el tiempo y el alcance físico de las obras para las que De Vido destinó millonarias sumas de dinero a una entidad privada cuyo control y seguimiento «fue voluntariamente omitido».
Teniendo facultades de control sobre todas aquellas cuestiones vinculadas a su competencia, entre las que estaban precisamente los planes de vivienda, De Vido comprometió los intereses confiados al poner en marcha e implementar un sistema irregular que permitió la salida de una gran cantidad de fondos públicos.
Irurzun y Bruglia tuvieron además por desistido el recurso de Hebe de Bonafini por lo que su procesamiento quedó firme. La Sala I también confirmó la medida respecto de los hermanos Schoklender, José López y Abel Fatala.
