Presidencia de la República deberá presentarse este lunes a una instancia de conciliación en torno la demanda que presentó Gabriel Arrieta, el colono que a fines de febrero mantuvo un enfrentamiento público con el presidente Tabaré Vázquez en la puerta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
El detonante fue el “daño moral” que el productor sufrió luego que el Poder Ejecutivo, horas después de ese hecho, publicara en su página web institucional que Arrieta era un “ocupante de tierras” del Instituto Nacional de Colonización, ya que mantenía deudas con ese organismo desde 2008 al no pagar nunca por el uso de un predio en la zona de Kiyú y ser “denunciado por otros productores”.
La instancia de conciliación, prevista para procurar un acuerdo entre las partes, casi nunca da resultado, dijo ECOS el abogado Gustavo Salle, patrocinante de Arrieta.
En ese caso, sostuvo que se avanzará en la Justicia Civil en la demanda, ya lista, contra el Estado por daños y perjuicios. Se procurará un resarcimiento económico, al entender que el gobierno sometió al colono “al odio y al escarnio público”.
En el artículo 11 de la Ley de Datos Personales, la normativa expresa que «aquellas personas físicas o jurídicas que obtuvieren legítimamente información proveniente de una base de datos que les brinde tratamiento, están obligadas a utilizarla en forma reservada y exclusivamente para las operaciones habituales de su giro o actividad, estando prohibida toda difusión de la misma a terceros».
El mismo artículo señala que las personas que tengan acceso a esos datos «están obligadas a guardar estricto secreto profesional». La ley también dispone que «el responsable de la base de datos es responsable de la violación de las disposiciones de la presente ley».
La posición de Arrieta había sido respaldada por la Institución Nacional de Derechos Humanos, que en un dictamen difundido en marzo sostuvo que el Poder Ejecutivo incurrió en el apartamiento por parte del Estado uruguayo de sus obligaciones de promoción, protección y defensa de esos derechos, consagrados en la Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de Convenciones y Pactos internacionales.
En base a eso, la institución resolvió recomendarle al Poder Ejecutivo que se retirara de «inmediato» de su página web el comunicado donde se hizo referencia a Arrieta y, a su vez, publicar las conclusiones de la institución sobre el caso.
En sus consideraciones, que fueron acatadas por Presidencia, el organismo señaló su preocupación por el hecho de que se usara un medio oficial para identificar a una persona que mantuvo un entredicho con el presidente en el marco de una protesta pública. Se sostuvo que el comunicado no abordó elementos que intentaran absolver al presidente de las acusaciones de las que fue objeto. «Por el contrario, la información fue difundida con el objetivo de generar opinión pública sobre una persona que lo criticó públicamente», se señaló.
El dictamen afirmó que los funcionarios públicos, por su condición, se han expuesto voluntariamente a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Por tanto, «deben ser más tolerantes con la crítica» en aras del control social necesario para un eficiente y necesario ejercicio de los poderes del Estado.
