La Cámara Española de Comercio en el marco del ciclo de Desayunos de Consulta 2018, recibió al Secretario Nacional de SENACLAFT (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) Cr. Daniel Espinosa, al Cr. Félix Abadi (Rueda Abadi Pereira) y al Dr. Rafael García (Rueda Abadi Pereira), quienes expusieron sobre «Incidencia práctica del régimen de Prevención de Lavado de Activos sobre la actividad empresarial». Allí estuvo Fuentes Confiables para recoger valiosos testimonios.
Espinosa confirmó que continúan investigando de forma diaria nuevas propiedades vinculadas a la ruta del dinero k , trabajando en coordinación con el fiscal Pacheco y un grupo asesor. Hay más de 20 propiedades tanto en Colonia, Montevideo y el este del país.
Actualmente se hace un seguimiento diario de los nuevos nombres y arrepentidos que surgen tanto en el sector financiero como el no financiero para poder realizar una actuación penal.
Espinosa reitero que Uruguay en los últimos 20 años quería ser un paraíso fiscal y ahora se está desmantelando la normativa que permitía tolerancia a los fondos ilícitos, actualmente el entorno legal es más rígido.
Señalo que con las medidas legislativas que tomaron mejoró el marco normativo y que para el futuro probablemente vayan a impedir o dificultar ese tipo de maniobras que se realizaron entre 2008 y 2015.
Aquí las expresiones de Espinosa:
La Secretaría contra el Lavado de Activos explicó que Uruguay adopto un sistema basado en las recomendaciones del GAFI. Hace 20 años nuestro país tipifico el delito, actualmente hay una comisión nacional coordinadora de lavado de activos.
GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), conformado por 180 países y territorios, periódicamente realiza evaluaciones del país, en noviembre comienza una primera visita, en mayo 2019 vuelven a reunirse con el sector público y privado, luego se discute en plenario el informe y se realizan seguimientos.
Tiene 40 recomendaciones, desde el lavado de activos, financiamiento terrorismo, como tipificar el delito, como reprimir, como intercambiar información entre países para plasmar las mejores prácticas internacionales.
El esquema GAFI reconoce que un delito que no se puede investigar con los medios policiales tradicionales. Las autoridades destacaron que no se encontró otro método para prevenir el lavado mejor que este.
Uruguay realizo dos evaluaciones de riesgo una en 2010 y otra actualizada en el año 2016 con el asesoramiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Determinando que las principales amenazas locales y del exterior son delitos fiscales, contrabando y narcotráfico.
Se explicó que el delito fiscal en Uruguay no estaba asociado al lavado de activos, en el marco legal había una posibilidad de ingreso de fondos de la región. Sectores más vulnerables, financiero, inmobiliario, societario y zona franca.
Medidas adoptadas para combatir el lavado de activos, implementación de la ley de inclusión financiera, ley de transparencia fiscal que identifica al beneficiario final en las personas jurídicas. «obliga a identificar a las personas que están detrás de las sociedades» y la incorporación al delito fiscal como precedente del lavado de activos.
De julio de 2016 a julio de este año se realizaron 946 visitas de supervisión a las empresas, no hubo más de 30 sanciones.
La problemática del lavado de activos tiene diversos enfoques de riesgos que no necesariamente pasa por el reporte de operaciones sospechosas. Es un delito difícil de asimilar, supone una conducta delictiva previa algo que no es normal en otros delitos.
La ley convoca a los particulares a colaborar en una actividad de prevención, no solo el estado de forma autónoma y directa es el que va a interesarse e investigar. La normativa obliga a las empresas a elevar un reporte de operaciones sospechosas. Si no se cumple se aplica una sanción económica o cierre de la actividad.
La Secretaría contra el Lavado de Activos informó que los delitos más frecuentes en la actividad empresarial son contrabando con montos mayores a 25 mil dólares, estafa y apropiación indebida con el mismo monto, corrupción pública, defraudación aduanera, copamiento y abigeato.
La investigación califica la conducta de asistencia y ocultamiento. No solo participa el autor sino también terceros, en carácter de coautor o cómplices. Por lo cual se investiga la conducta del que está del otro lado, “si sabe o no sabe lo que está haciendo, si ha hecho lo necesario para saber o si mira para al costado”
Así lo explicó Rafael García:
El personal interno es un problema importante para la empresa, ya sea que realice un hecho ilícito en forma voluntaria o forzada, no basta un empleado desleal sino que puede estar obligado a cometer el delito. También los proveedores y los socios e inversionistas. Los únicos que no se califican como un riesgo son los accesores.
