El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Gil Iribarne, se refirió a los gastos de Leonardo De León con las tarjetas corporativas de Alur.
Aseguró que es «corrupción» desde el «plano conceptual» pero no configuran un delito porque los cargos en Alur no son públicos.
El jerarca dijo a 970 Noticias que, si bien no puede opinar sobre el fallo del tribunal de conducta política del Frente Amplio, la decisión fue seria y contundente.
