La investigación comenzó en el 2017 debido a la comercialización de celulares por parte de policías a reclusos del penal.
La denuncia fue corroborada por un video aportado por un familiar de la víctima, quien se encontraba recluido en el Penal de Libertad.
La jueza Ana de Salterain dispuso el procesamiento con prisión del policía “como autor penalmente responsable de un delito de atentado violento al pudor”.
