El sindicato se declara en conflicto por sobrecarga laboral y reclama que el fiscal de corte, Jorge Díaz, no accedió a la negociación. Díaz asegura que Fiscalía “se ha hecho representar en todas las instancias por sus más altos representantes”.
El secretario general de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMU), William Rosa, señaló que ahora se buscan medidas “de costo cero” porque no se pueden adoptar herramientas que impliquen un gasto del presupuesto previsto.
En esta línea, solicitan que se elabore plan que permita delegar tareas a otros funcionarios, que hoy les compete a los fiscales, como atención al público. AMU dio por concluida la etapa bipartita y ahora accederán a una instancia tripartita, incluyendo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
“Luego de las respuestas insatisfactorias, vimos que ya no había mucha carrera por recorrer”, señaló Rosa a 970 Universal. Como medida sindical, decidieron no atender, desde este lunes, al público por un lapso de treinta días.
El fiscal de Corte insistió en rueda de prensa este miércoles, que en año electoral no se puede incrementar el número de fiscales. Informó que la Fiscalía General de la Nación presentó dos proyectos para disminuir la carga de trabajos de los funcionarios jurídicos, tras la implementación -desde el 1° de noviembre de 2018- del nuevo Código de Proceso Penal.
Se establece que, de aprobarse, el proceso por infracciones aduaneras no será competencia de los fiscales, sino de la Dirección Nacional de Aduanas. Además, la intervención del fiscal como tercero en procesos civiles, se eliminarán.
Nuevas fiscalías especializadas
Al momento hay dos fiscalías especializadas en delitos sexuales y tres en violencia de género. Tras lo dispuesto en la Rendición de Cuentas, no se pueden distribuir más porcentaje del presupuesto a este sector. De este modo, la Fiscalía Inspectora se transformará en una dependencia de carácter común.
El objetivo es crear más fiscalías especializadas por trata de personas, que constituye un delito de lesa humanidad. “El Estado y los funcionarios tienen la obligación de denunciarlo y de investigarlo, con la voluntad de la víctima o contra la voluntad de la víctima”. Aunque aclaró que la persona puede formar -o no- parte de la investigación.
Además, Díaz agregó que se prevé para antes de fin de año, destinar a sistema acusatorio, una de las fiscalías que funciona con las disposiciones del viejo código.
“Una vez que empecemos a liberar recursos de esa manera, lo iremos asignando a aquellos lugares que tenemos más dificultades”, sostuvo el fiscal. Explicó que las dificultades se centran en casos relativos a género y delitos sexuales.
Los lugares de mayor carga laboral son en Canelones (Atlántida y Ciudad de la Costa) y Maldonado, que representan una situación “particularmente complejas, en lo que tiene que ver con causas por fiscal”.
