El próximo domingo 27 no solo se va a elegir el parlamento, las juntas electorales y quizás el futuro presidente y vicepresidente/a de los uruguayos, sino que además se deberá optar si se apoya o no una reforma constitucional, que se denominó Vivir sin miedo, y que promovió en solitario el senador nacionalista Jorge Larrañaga.

Columna de Antonio Ladra – Fuentes Confiables

Larrañaga, visualizando que la seguridad es el principal tema de preocupación de los uruguayos desde hace un tiempo lo hizo coincidir con sus necesidades políticas, esto es salir a flote y conseguir una victoria política, luego de varias y duras derrotas. Por ello promovió una campaña de firmas para plebiscitar una reforma constitucional.

Tuvo éxito y logró recolectar 376.427 firmas las cuales fueron validadas por la Corte Electoral que convocó al plebiscito. Y de aquella soledad pasó a tener el apoyo indisimulable de todo el resto del Partido Nacional, cuyos dirigentes que dicen en público que no están de acuerdo con la propuesta, pero ensobran la papeleta, un aspecto clave para el éxito de la consulta.

Los electores para manifestar su apoyo a la reforma deberán introducir una papeleta con el SI. No hay papeleta por el NO. Para que la reforma sea aprobada es necesario que consiga el apoyo del 50% más uno de los votos.

¿QUÉ DICEN LAS ENCUESTAS?

El 58% de los electores uruguayos votará a favor de la reforma constitucional conocida como “Vivir sin miedo”, de acuerdo a una encuesta de la consultora Opción divulgada este miércoles en la edición central de Telenoche. En tanto, el 36% de los encuestados dijo que no apoyará la iniciativa en las urnas, y el 6% restante respondió “no sabe, no contesta”.

En tanto la empresa Cifra presentó ayer martes, en Telemundo, un trabajo que indica que 53% de los uruguayos votaría la reforma “Vivir sin Miedo”, un 35% no lo haría y el 12% aún no se definió.

Por su parte, la última encuesta nacional de Factum, presentada en TNU, señala que hay un 40 % de la población que está decidido a votar a favor de la reforma, mientras un 16 % está en duda. En definitiva, hay un 56 % de adhesión probable, según la encuesta de Factum.

La lectura que se puede hacer de estos trabajos es que el panorama es de alta incertidumbre donde a los impulsores de la reforma los favorece la foto, pero no la tendencia. Además, hay un descenso del apoyo a la reforma entre los votantes frenteamplistas.

La incertidumbre sobre el resultado del plebiscito está afectada por el ensobrado, dado que surge la incógnita de qué sucederá con los ciudadanos que apoyan la reforma, pero procurar la papeleta. Es lo que pasa con los votantes de Cabildo Abierto donde la mayoría de sus electores están a favor, pero su candidato, Guido Manini Ríos, se opone a la iniciativa y no ensobra.

LA REFORMA, LA REALIDAD Y LAS PREGUNTAS

La reforma plantea el cumplimiento efectivo de las penas para que en casos de delitos graves los delincuentes no puedan obtener beneficios que les permitan salir antes de tiempo de prisión.

La reforma también promueve la creación de la figura de la reclusión permanente revisable a los 30 años en delitos gravísimos como homicidios múltiples o violación y homicidio a menores, esto es cadena perpetua, pero el Código Penal fija la pena máxima en 30 años y se pueden agregar 15 más de seguridad. En total 45 años. Es decir, ya existe lo que se quiere incorporar a la Constitución de la Republica. ¿Por qué lo hace? Ocurre que los jueces muy rara vez aplican esta norma y nada indica que, tras la reforma, si es aprobada, lo vayan a aplicar.

Por ejemplo, el múltiple asesino Pablo Goncálvez fue condenado a 30 años de cárcel, pero por haber trabajado en cautiverio y mantener una buena conducta, se vio beneficiado con el llamado dos por uno y salió en libertad cuando llevaba 24 años de prisión efectiva.

También propone permitir que la legislación regule los allanamientos nocturnos en lugares donde se sospecha «fundadamente» que se están cometiendo delitos. Pero hoy se puede allanar de noche todo local, salvo los hogares. ¿Por qué? El constituyente se adelanta a que si llegara al poder una fuerza autoritaria que puede hacer uso y abuso de esa potestad violente los hogares, lo que la Constitución llama “sagrado inviolable”. ¿Estamos dispuestos a ceder parte de nuestros derechos por la acción de la delincuencia?

Por último, dispone la creación de una Guardia Nacional con efectivos militares para que colabore en determinadas tareas con la Policía. Otra cosa que ya existe, es la Guardia Republicana. Es la suma de la suma de dependencias.

Me quiero concentrar en este punto, el más polémico: el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana. Este planteo no es nuevo, viene desde los años ´90. Se remonta al Consenso de Washington, cuando se planteaba la necesidad de ajustar las estructuras del Estado, reordenando las prioridades del gasto público.

Ese reordenamiento del gasto público implicaba, también, una mirada hacia las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, sobre en qué lugar son más necesarias, más allá de las especificidades propias de una y otra, fruto de su formación.

En el año 2004 un general de cuatro estrellas James T. Hill, ex jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, decía en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, que “Latinoamérica es la región menos militarizada del mundo siendo la más violenta» y agregaba: “yo sugiero que como los países no pueden mantener las Fuerzas Armadas (…) deben elegir qué clase de fuerzas de seguridad quieren, cómo lograrlo, cómo organizarlas, pagarlas, entrenarlas y dirigirlas”. Seguía Hill: “Si usted tiene unas Fuerzas Armadas de 100.000 hombres y solo 15.000 policías, pero la mayor amenaza es el crimen urbano, ¿necesita 100.000 militares o 75.000 policías? Como no puede mantener a ambos yo sugiero tomar algunos de esos militares y reentrenarlos para ser policías”.

Juan Pegoraro, profesor titular de la cátedra de Delito y Sociedad de la Universidad de Buenos Aires y en una entrevista con el diario Clarín, en el año 2005, reflexionaba sobre el tema: “Si los chicos que hoy están creciendo en los barrios marginales de Argentina, y de Uruguay agrego, no adquieren un capital social, no se los ciudadaniza, en diez años podríamos tener acá el fenómeno de Centroamérica y México». ¿Les suena? Algo parecido a lo dicho por el inspector Mario Layera.

En Uruguay hay resistencia a cambiar el papel de las Fuerzas Armadas, y no sólo desde el ámbito civil, sino también de parte de ellas mismas, porque, entre otras cosas, no están formadas para actuar en ese campo. Hay, además, una historia de desconfianza que no se puede obviar.

Para combatir a la delincuencia no alcanza solo con la Policía y la Justicia; son necesarias otras medidas, quizás la más urgente, necesaria y clave es la educación.

El fracaso educativo es palpable y se expande. En Uruguay hay una creciente barbarización, donde se ha perdido la noción del valor del esfuerzo del trabajo para ganarse decentemente el pan de cada día. Por lo que el fracaso educativo no es solo el de las aulas y el que se expresa en indicadores, sino también está presente en el seno familiar y en la calle y de esto, en mayor o menor medida, todos somos responsables.

La gran mayoría de los adolescentes uruguayos marginales integran familias no tradicionales. No saben quién es el padre o éste está preso y se cría yendo a la visita carcelaria. La memoria de ese niño en camino a la adolescencia es la de un padre preso, la de un abuelo preso, la de un familiar muerto.

Y en la cárcel la situación es dramática. Allí se violan los derechos humanos de los presos y de sus familiares. El 60 por ciento de los reclusos vuelve a delinquir. Los presos como producto de luchas internas y del ocio se matan entre ellos. No hay retorno posible.

Hay, entonces, un caldo donde se cocina la delincuencia y eso no se arregla con reformas constitucionales, ni con campaña de firmas.

Queda claro que esta reforma ha sido planteada no porque realmente haya un vacío en el tema sino porque un líder político, Jorge Larrañaga, tenía necesidad de visibilidad y de ser viable como tal. Por ello, ¿es justificable votar la reforma?