Lugar a dudas, por Antonio Ladra.
Hace más de 20 años, frente a mi casa paraba un señor de larga barba, siempre acompañado por una bolsa grande y creo que un perro. Allí en Jackson y Guayabo se lo podía ver todos los días sentado en el escalón de una casa deshabitada. Portaba un rostro griego, con una larga barba blanca, parecía un profeta. Era muy educado saludaba a los vecinos, nunca mendigó ni se metió con nadie. Un día no se lo vio más, tiempo después supe que había muerto y conocí su historia.
La historia del Grunge, como le decía a mi hija que se llamaba, era muy triste. Según lo que contaron las vecinas que todo lo saben, este hombre era un cirujano que tuvo la mala suerte de ver morir a un familiar, no recuerdo si su hija o su esposa, en la mesa de operaciones. El trauma lo impactó, y lo desequilibró de tal manera que pasó a engrosar la lista de personas en situación de calle que ya empezaban aparecer en Montevideo y que tuvo su eclosión en los años 2000 y persiste hasta estos días.
Es que la historia de Grunge es una historia que se puede encontrar en muchas de las 2038 personas en esa situación de calle que hay en Montevideo según el censo de 2019.
En Montevideo ya se han hecho cuatro censos de personas en situación de calle, en 2006, 2011, 2016 y 2019, y cada vez que se hace un relevamiento se constata un crecimiento de las personas en situación de calle, coincidiendo con los años de crecimiento de la economía. En tres años, entre el 2016 y 2019, había aumentado un 18% por ejemplo.
Este fenómeno, fundamentalmente masculino, 9 de cada 10 son hombres y de gente joven, 38 años es el promedio de edad, ha generado una creciente preocupación sobre esta problemática, que se da sobre todo en Montevideo.
Esto motivó, por ejemplo, que el entonces intendente de Montevideo, Daniel Martínez, la remitiera una carta al presidente Tabaré Vázquez manifestando su preocupación por el tema de las personas en situación de calle.
Antes, en el gobierno de José Mujica, en abril de 2012 se había creado un grupo de trabajo entre el Ministerio del Interior y la Intendencia para buscar una solución al tema.
Lo que de alguna manera dio el puntapié inicial para crear ese grupo de trabajo fue una columna escrita por el sociólogo Gustavo Leal. Esta columna debe haber sido la primera que desde la izquierda abordó el tema sin complejos y con una mirada globalizadora.
“En la ciudad de Montevideo se ha ido consolidando en lo últimos años un fenómeno que como sociedad no hemos sabido manejar correctamente. Me refiero a las personas que duermen y acampan en espacios públicos: plazas, veredas, entradas de edificios y parques. Creo que la dificultad se origina en un abordaje culposo y piadoso del fenómeno de la marginalidad cultural junto a un manejo dubitativo y contradictorio del concepto de autoridad”, escribió Leal en aquel artículo.
Y sostenía que “una acción decidida y sistemática de prohibir el uso del espacio público para dormir o acampar debe concebirse como una estrategia que apunta a garantizar los derechos humanos, en primer lugar, de quienes duermen y viven en la calle”.
El entonces ministro Bonomi decía por aquella época, año 2012, que “hay gente que vive en la calle o en plazas de deportes, que hace sus necesidades allí, dejan sus cosas tiradas, y eso causa que el resto de la gente no pueda acceder a los lugares debidamente; ahí hay un problema”,
El punto es tanto en aquel momento como ahora que no se trata solo de sacar a las personas de un lugar, sino de tener claro cuál va a ser su destino. La ley dice que los espacios públicos no se pueden usar para dormir, pero los cupos en los refugios no son suficientes.
En mayo de aquel año con la llegada de los primeros fríos se apuraba en el gobierno la necesidad de sacar a la gente que vive a la intemperie para que no se repitiera lo ocurrido durante el año anterior, en 2011, cuando seis personas murieron de frio en la calle.
“La libertad va después de la vida”, dijo entonces el presidente José Mujica durante una reunión del Consejo de Ministros cuando se aprobó la ley de faltas. El ministro de Salud Pública era Daniel Olesker, hoy senador, y en esa oportunidad decía que se resolvió sacar a los que vivían en la calle no solo porque estaba en riesgo su vida sino también para respetar el derecho de los demás a utilizar los espacios públicos. Olesker hablaba, escuche bien, de establecer “mecanismos punitivos” para que no insistan en su actitud de habitar la vía pública. En aquel momento, se generó un debate sobre si no se violaba la “libertad” de las personas afectadas.
Pasados los fríos del año 2012 y también del 2103, el propio ministro Olesker pidió que se suspenda la aplicación de la normativa para sacar a los indigentes de las calles porque, adujo que no había infraestructura para alojarlos.
Estar en la calle le puede pasar a cualquiera, cualquiera puede ser Grunge que en algún momento de sus vidas tuvieron casa y comodidades y por diversas circunstancias se cayeron del sistema. Distintos, pero no menos preocupantes son los casos de quienes salen de la cárcel y no los espera nadie, no saben qué hacer y en sus bolsillos solo tienen el equivalente a un boleto.
No voy a hacer un diagnóstico, ni a repasar los números. Si por algo se ha caracterizado el Mides y el Ministerio del Interior ha sido dar números, cifras. Nos hablan de la cantidad de gente en esa condición donde se alojan principalmente, si son consumidores de sustancias, etc. Está bien, pero lo que se requiere es acción, buscar soluciones. El tema de los sin techo, los homeless o como se les decía antes los bichicomes, es muy complicado. Sus razones para estar en esa condición son muy variadas, pero tienen derechos y también obligaciones y por tanto se hace difícil transitar esa delgada línea que separa uno de otro
Los gobiernos pasados, desbordados por el problema, no actuaron o lo hicieron deficientemente; este gobierno está decidido a dar batalla contra los sin techo, así lo ha expresado el ministro de Desarrollo Social Pablo Bártol. Hasta hoy no ha explicitado como lo hará, pero debe saber que tendrá una lupa puesta sobre su accionar.
Una cosa sí debe estar clara: el gobierno debe hacer valer los derechos de todos los ciudadanos para que los espacios de convivencia pública sean un lugar de disfrute y no de padecimiento.
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