La propuesta abarca personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o con hijos a su cargo, personas con enfermedades complejas ya instaladas.
El Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit, presentó a la Presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, un informe especial donde recomienda que el sistema de justicia penal –defensores, jueces, fiscales y Administración– analicen y tomen medidas para atender la situación de los privados de libertad de alta vulnerabilidad.
Según el documento bajo esa calificación ingresarían personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o con hijos a su cargo, personas con enfermedades complejas ya instaladas.
En el texto se señala como una de las medidas posibles el otorgamiento de prisión domiciliaria , sometida a los controles que cada Juez puede imponer y a la asistencia y verificación de la autoridad administrativa.
El documento apunta a un número acotado y muy especial de personas presas, pero que se considera de «riesgo penitenciario». Según el funcionario, los criterios para identificar estos casos deben ser: delitos leves, penas pendientes de corto plazo, problemas serios de salud, perfiles de vulnerabilidad (mujeres embarazadas, con hijos a su cargo), casos de vulnerabilidad social muy particulares y tener contención social externa, o sea un lugar donde residir.
En el informe Petit señala, citando múltiples documentos, que esta línea de acción es recomendada por la Organización Mundial de la Salud, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de la ONU de Prevención de la Tortura, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y varias organizaciones internacionales de reconocido prestigio: Human Rights Watch, Reforma Penal Internacional, entre otros.
Argumenta que esta misma orientación ha sido tomadas por múltiples países, con diversos regímenes políticos y jurídicos, desde Irán hasta Argentina.
El documento señala el riesgo de que el coronavirus ingrese a las cárceles, cosa que si bien no ha ocurrido, puede pasar: «Los sistemas carcelarios son una de las áreas vulnerables frente a la pandemia, tanto por su fragilidad para responder rápidamente con las medidas de prevención requerida, como por las carencias estructurales pre existentes y por el riesgo que significa que el virus llegue a su población y replique desde allí como vector de transmisión hacia fuera», sostiene el comisionado.
De acuerdo a eso señala: «Nos permitimos con todo respeto recomendar a todos los operadores del sistema de justicia –defensores, fiscales, jueces, jueces de ejecución– tomar acción para, según los roles de cada uno, detectar, promover, recibir, tramitar y analizar con prontitud los casos de personas altamente vulnerables dentro del sistema penitenciario (con las características de fragilidad, jurídicas y sociales aquí señaladas) que pueden acceder a prisión domiciliaria u otras medidas alternativas para la ejecución penal, con los recaudos que la sede judicial determine, ante el contexto generado por la pandemia del covid-19.
Se trata de un número acotado y muy particular de personas presas, pero en este momento todas las buenas y humanitarias medidas para proteger la vida de todos, suman y suman para el bienestar de la sociedad, sostiene Petit.
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Carceles ante el covid 19
