Además, se agregan cinco minutas de comunicación dirigidas al Poder Ejecutivo.
Con el objetivo de aportar soluciones para enfrentar la emergencia sanitaria que impactó en la salud, la economía, el trabajo, la educación y la vida cotidiana de la gente, el Frente Amplio presenta siete proyectos de ley y cinco minutas de comunicación.
Los proyectos establecen en forma excepcional y transitoria medidas concretas para preservar derechos, el sostenimiento de servicios básicos esenciales, el acceso a insumos sanitarios y facilidades para cumplir obligaciones crediticias. Además, se agregan cinco minutas de comunicación dirigidas al Poder Ejecutivo.
La oposición argumenta que gran parte de la población afectada no está comprendida en los beneficios que otorgó el gobierno. En ese marco elaboraron un resumen de los proyectos presentados:
Trabajo y Relaciones Laborales:
Se limitan los despidos en el contexto de la crisis sanitaria por 180 días. En caso de incumplimiento, la indemnización por despido será el doble de lo normal y podrá acumularse con la que eventualmente en cada caso correspondiera por indemnización por despido especial, la misma protección rige para trabajadores con vínculo con el Estado.
Se suspende el cómputo de plazos para reintegro de la trabajadora luego de la licencia maternal, en casos donde se recomienda que la misma permanezca en su hogar más allá de su finalización. Rige aunque con pequeñas diferencias, tanto para trabajadoras públicas como privadas, como para uno de los padres y madres adoptantes.
Se suspenden por el plazo de 180 días los términos de prescripción de los créditos laborales comprendidos en la ley 18.091 de 7 de enero de 2007, medida totalmente necesaria dentro del marco de suspensión o afectación de actividades de organismos públicos relevantes como pueden ser el MTSS y el Poder Judicial.
Servicios Públicos Básicos: tarifas y cobertura Suspensión de los cortes de suministro de servicios de agua, luz, telefonía e internet a usuarios residenciales así como a los usuarios no residenciales, que en la redacción del proyecto se detallan. Plantea la exoneración del pago de los servicios mencionados a las familias beneficiarias de una serie de programas del Mides.
Adicionalmente se incluye la habilitación de un bono para todos los clientes de ANTEL como forma de garantizar el acceso a servicios de internet tanto en dispositivos móviles como en los hogares.
Tarjetas de Crédito: Otorga a los titulares de tarjetas de crédito que acrediten haber sido despedidos, enviados al seguro de desempleo o padecido una pérdida sustancial de sus ingresos, a partir del estado de emergencia nacional sanitaria, la facultad de acceder a un régimen de pago de las deudas referidas, hasta en seis cuotas iguales, mensuales y consecutivas con vencimiento la primera en el mes de julio de 2020. Dicho régimen no generará recargos, intereses, multas o penalidades de tipo alguno y que no se podrá modificar la calidad y antecedentes crediticios de quienes se amparen en la misma.
Vivienda: Establece un plazo de moratoria de seis meses a partir del 1° de abril para los deudores de alquileres y se permite el pago de los alquileres en cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Se solicita al Poder Ejecutivo que establezca un subsidio económico que contemple la pérdida económica de los arrendadores cuya única o preeminente fuente de ingresos económicos provenga de los alquileres que dejará de percibir por el plazo de moratoria.
Se atiende la situación de huéspedes de pensiones, quienes son expulsados sin garantías procesales mediante procedimiento policial, suspendiendo los mismos.
Se establece la prohibición de realizar intimaciones e investigaciones penales por delito de usurpación contra sectores de la población con vulneración de derechos, hasta tanto no se brinde una solución provisoria de alojamiento por parte del Estado las familias. Se establecen medidas para aliviar la situación de los deudores hipotecarios, con garantías para las familias, tanto de acreedores de instituciones públicas como privadas.
Expendio de medicamentos: Dispone, en forma excepcional, la implementación de tres medidas concretas que faciliten a la población el acceso a los medicamentos, evitan la circulación de la población de riesgo de contraer COVID-19 y apoyen la medida de aislamiento en los hogares.
Medidas sanitarias para evitar la propagación del virus: Se propone bajo determinadas garantías, que las personas permanezcan en sus domicilios y residencias. Introduce una modificación en el delito de Violación de las disposiciones sanitarias a los efectos de evitar las dificultades de aplicación y las falencias que contenía la norma prevista originalmente por la ley 9155 (que establecía un delito de peligro abstracto).
Establece los insumos con los cuales deberán contar en forma obligatoria, en su lugar de trabajo, elementos de protección personal contra el COVID 19: tales como guantes, alcohol en gel, máscaras, tapabocas, jabón y agua de libre disposición.
Fijación de precios máximos en productos de higieney de alimentación: Se lista la fijación de precios máximos de venta de los productos alimentarios que integran la canasta básica familiar, y del alcohol en gel, alcohol rectificado, mascarillas, tapabocas, guantes sanitarios, jabón de tocador de cualquier tipo, pañuelos descartables, hipoclorito de sodio y todo otro artículo sanitario que se estime coadyuvante a paliar la pandemia del COVID-19.
Además presentaron un “resumen de las Minutas de Comunicación al Poder Ejecutivo que expresan acciones específicas y urgentes.
Transferencias de emergencia: Se propone transferir el equivalente a un salario mínimo nacional para todas aquellas familias que acrediten no tener ingresos permanentes por un monto equivalente o menor a 10 BPC. Es una transferencia provisoria por 120 días que incluye específicamente a los trabajadores de la cultura, quienes lo recibirán hasta un mes más del fin de la emergencia sanitaria.
Formación de Fondo de Derecho a la Alimentación: Creación de un Fondo para garantizar el Derecho a la Alimentación. El mismo tendrá como fin facilitar el acceso a los alimentos a aquellos sectores que por sucondición de vulneración económica y/o social no puedan acceder a los mismos. Se propone como fuente de financiamiento los aportes provenientes de un impuesto alos alimentos ultraprocesados y a las bebidas gaseosas.
Situación actual de la Educación Pública y propuestas educativas: Se sugiere que el proceso de retorno a la actividad presencial sea gradual, respaldado por la tecnología y la mirada pedagógica adecuada a las circunstancias especiales que provocó la emergencia sanitaria nacional.
Gratuidad test COVID y vacuna 27: Se plantea que las medidas concretas de cuidado y prevención, como la realización de los test de covid-19 y la vacunación contra la gripe, sean cubiertas bajo el marco normativo del SNIS y dentro de la gratuidad que corresponde como prestación del PIAS.
Licencias obligatorias sobre insumos y tecnologías médicas Covid-19 UY: Se exhorta al Poder Ejecutivo a tener presente y considerar la aplicación de licencias obligatorias sobre de los derechos de patente a fin de garantizar la importación, fabricación y demás formas de acceso y abastecimiento de medicinas, vacunas, dispositivos de diagnóstico, equipamiento médico y otros insumos indispensables para afrontar la pandemia del Coronavirus (COVID-19), en forma suficiente y en condiciones y precios adecuados y razonables
