COLUMNA: FABIÁN TISCORNIA:
Esta semana llegó a su fin el Diálogo Social, con la presentación del documento final y ya desde la semana pasada hay repercusiones sobre el cambio en el régimen de las AFAP, cambios en la edad de jubilación, modificaciones en el Sistema de Cuidados y en políticas para primera infancia. Hoy, nos vamos a concentrar exclusivamente en dos modificaciones: ¿me voy a poder jubilar antes de los 65 años? ¿Qué pasa con las AFAP?
LA EDAD DE RETIRO: LA GRAN NOVEDAD
El documento del Diálogo Social aborda uno de los temas más sensibles de la reforma previsional: a qué edad pueden jubilarse los uruguayos. Y aquí hay una novedad importante que conviene explicar con cuidado.
La ley aprobada en el gobierno anterior —la Ley 20.130— fijó los 65 años como edad normal de retiro. Eso no cambia. Pero el acuerdo del Diálogo Social introduce lo que el texto llama una «causal de retiro anticipada», que permitiría jubilarse a partir de los 60 años.
Ahora bien, ¿quiénes se benefician y en qué condiciones? Acá el documento hace una distinción importante.
“El sistema previsional contempla actualmente la posibilidad de un retiro anticipado ante la materialización de una incapacidad permanente para todo trabajo, así como para determinados sectores de actividades o tareas específicas que implican mayor desgaste o riesgos. No obstante, estos mecanismos no contemplan cabalmente el conjunto de contingencias que enfrentan los trabajadores y trabajadoras al acercarse al momento del retiro”.
Para los trabajadores de menores ingresos —específicamente, el texto habla de «al menos la tercera parte de trabajadores y trabajadoras con ingresos y niveles de aportación más bajos»— la propuesta garantiza que quienes se jubilen a los 60 años recibirán montos «superiores o como mínimo iguales a los correspondientes al régimen jubilatorio anterior a la Ley N.° 20.130». Es decir: mejor o igual que antes de la reforma de Lacalle Pou. Y agrega que esas prestaciones serán «crecientes con la postergación del retiro, de forma de que converjan a los montos previstos por la Ley N.º 20.130 a los 65 años».
Para los trabajadores de mayores ingresos también existirá la opción de retirarse a los 60, pero el documento es más escueto: dice que «el eventual adelantamiento se diseñará contemplando incentivos para extender la vida laboral hasta los 65 años». O sea, podrán hacerlo, pero con condiciones que los desincentiven a hacerlo demasiado temprano.
¿Por qué esta distinción? El propio texto lo explica con claridad, y es uno de los párrafos más políticos del documento: «los sectores en situación de vulnerabilidad, además de contar con trayectorias laborales precarias con alta incidencia de la informalidad, suelen llegar con mayor desgaste físico y menor probabilidad de sostener un empleo a edades avanzadas, al tiempo que la evidencia disponible muestra marcadas brechas en la esperanza de vida entre sectores de ingresos.»
“Considerando las desigualdades vigentes, la introducción de un retiro anticipado con estas características apunta a promover los incentivos para un esquema de retiro estratificado, en el que los sectores en situación de vulnerabilidad puedan acceder a una jubilación adecuada a partir de los 60 años”..
LAS AFAP: ¿QUÉ CAMBIA Y QUÉ NO?
Este es el tema más polémico del acuerdo, y conviene leerlo con atención porque hay mucho ruido alrededor.
Las AFAP no desaparecen. Eso hay que decirlo claro. El documento no plantea su eliminación. Pero sí introduce cambios estructurales profundos en cómo funcionan
El texto establece que el sistema de ahorro individual deberá seguir siendo de «capitalización plena» —es decir, los fondos siguen existiendo y siguen financiando las jubilaciones— y mantiene «la presencia de administradoras privadas y participación de una administradora estatal». Hasta ahí, continuidad.
Pero acá viene la novedad que tiene a las AFAP en pie de guerra: el documento propone avanzar en que «las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de administrarlas, de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares».
¿Qué significa esto en la práctica? Que las AFAP ya no administrarían directamente las cuentas individuales de cada trabajador. En cambio, un organismo público centralizaría esa gestión. Las AFAP —públicas y privadas— seguirían invirtiendo el dinero, pero bajo un esquema diferente: el organismo central «licita o asigna los fondos (no individualizados)», buscando «incentivar la competencia en rentabilidad, minimizar los costos y maximizar el retorno sujeto a un riesgo acotado».
Una consecuencia muy concreta: el documento dice que «integrantes de una misma cohorte o generación obtienen la misma rentabilidad y enfrentan el mismo costo promedio». Hoy no es así: según qué AFAP elegiste y cuándo te afiliaste, tu cuenta rinde diferente. Este modelo elimina esa desigualdad dentro de una misma generación.
El texto establece textualmente “el blindaje de los fondos de ahorro para el retiro ante posibles usos alternativos a los fines previsionales”.
También señala que se debe “conservar y potenciar la regulación pública de este pilar”.
Las AFAP privadas leen esto como una amenaza directa a su modelo de negocio, y tienen razón en leerlo así: pierden la relación directa con el afiliado, pierden la posibilidad de diferenciarse comercialmente, y pasan a competir únicamente por rentabilidad en licitaciones públicas.
LA CONSTANCIA DEL PIT-CNT: «LO FIRMAMOS, PERO SEGUIMOS PELEANDO»
Quizás el párrafo más revelador del documento es el que firman el PIT-CNT y la ONAJPU al pie del acuerdo. Vale leerlo completo porque define exactamente dónde está parado el movimiento sindical:
«Las representaciones del PIT CNT y ONAJPU dejan la siguiente constancia: las orientaciones contenidas en la propuesta constituyen una transformación relevante al modelo AFAP implementado en 1996, al que siempre nos hemos opuesto. Si bien se concibe esta propuesta como un avance significativo en términos de acercar el diseño de este pilar a los principios de la seguridad social, es oportuno señalar que el movimiento sindical y la ONAJPU seguirán reclamando por una seguridad social universal, solidaria y sin lucro.»
En otras palabras: lo firmamos, reconocemos que es un avance, pero que nadie se confunda —esto no es lo que queríamos ni lo que vamos a dejar de reclamar. Es una firma con efectos secundarios.
SÍNTESIS
En resumen: el Diálogo Social produce dos grandes cambios. Primero, la posibilidad real de jubilarse a los 60 años para los trabajadores más vulnerables, con montos que el documento promete que serán al menos iguales a los de antes de la reforma de 2023. Segundo, una transformación profunda del sistema de AFAP: siguen existiendo, pero pierden la gestión directa de las cuentas individuales, que pasa a manos de un organismo público. No es la eliminación que pedía el PIT-CNT. No es el statu quo que quieren las AFAP. Es un punto intermedio que, como todo punto intermedio, tiene defensores y críticos en los dos extremos.
