El gobierno prepara una nueva ley de combustibles que pretende bajar el costo de producción y el precio de venta.
Los trabajadores de la planta de ALUR (Alcoholes del Uruguay), de Capurro se declararon en conflicto porque a raíz de la nueva ley de combustibles, que prepara el gobierno, se prevé cerrar la planta de ALUR en Capurro y redistribuir a sus 40 funcionarios. La nueva norma contempla que no será necesario mezclar biodiésel en el gasoil con lo que se pretende bajar el costo de producción y el precio de venta del combustible.
“Según la ley 18.195, Ancap debe mezclar un mínimo de 5% de etanol en las gasolinas y 5% de biodiésel en el gasoil con biocombustibles de materia prima nacional. En este contexto debe comprarle a ALUR, los biocombustibles producidos, y el precio de estos se establece para cubrir sus costos de producción”.
En diálogo con 970 Noticias, el delegado general de ALUR, Nicolás Lema dijo que “lo que está haciendo el gobierno es sesgar la información, porque no dice todos los componentes que tiene la producción de biodiésel y todo lo que afectaría realmente”. “El gobierno dice que van serán solamente 40 trabajadores, pero son más personas involucradas como los puestos indirectos”, señaló.
Lema indicó que les preocupa el daño colateral porque “afecta desde el chacrero que cultiva soja, hasta la cadena final que somos nosotros. Todos lo que están en el medio, afectaría toda la cadena productiva” afirmó el dirigente.
Según informó este viernes El País, el gobierno prepara la rescisión del contrato con la planta de procesamiento de semillas, Compañía Oleaginosa Uruguaya S.A. (Cousa), vigente hasta 2026. Precisamente la planta de Capurro es quien se encarga de la molienda y la extracción de aceites para la producción de biodiésel.
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