Fue realizada por la muerte del presidiario Marcelo Ayala, que sufría retraso mental y trastornos psiquiátricos.

Una investigación realizada por el Comisionado Parlamentario por la muerte del presidiario Marcelo Ayala, el pasado 17 de mayo, reveló que “la administración de justicia y la administración penitenciaria, tiene fallas estructurales y sistémicas”, que no permiten la correcta derivación de casos con distintas necesidades, informó este jueves el Parlamento en un comunicado.

Ayala sufría un retraso mental y trastornos psiquiátricos. Se encontraba recluido por desacato y agravio a la autoridad en el ala psiquiátrica del Módulo 12 del COMCAR, a cargo de ASSE, el día de su muerte. El caso aún se encuentra en investigación, sin conclusiones contundentes.

El informe del Comisionado, presentado el jueves 3 de mayo ante la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario del Parlamento, concluyó en que: “El tipo de afectación de salud mental de Marcelo Ayala en ningún caso podía ser debidamente atendida dentro de un sistema carcelario” y que “debió haber estar internado en un servicio especializado de atención de salud mental, apropiado para su afectación”.

Por ello, se cree que las fallas estructurales y sistémicas “provocan muertes y el deterioro silencioso de muchas personas con afectación también de sus familias y terceros”. Para el Comisionado “la muerte de este joven es una alarma sonando, ya que hemos visto y vemos en nuestro trabajo situaciones similares”.

Se recomendó a ASSE, con estas conclusiones, “la dotación de los programas de atención de salud mental dentro de las cárceles y que se refuercen los mecanismos de conexión con las comunidades”. También se le pidió al Ministerio del Interior y al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) “consolidar el sistema de seguimiento y rehabilitación de las medidas sustitutivas de la prisión”.

Además, se dirigió al Poder Ejecutivo y al Ministerio del Interior para recomendar “la instalación de un Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, con representantes de todos los poderes del Estado”, que permitiría, según el Comisionado, “la conformación de una política pública para la privación de libertad acorde a los desafíos del siglo XXI, lo que requiere el accionar estratégico y planificado de todos los actores involucrados”.