Por Antonio Ladra.

Finalmente la oposición política logró recolectar las firmas para posibilitar el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC). Fue un trabajo arduo y difícil, pero lejos como para calificarlo como hazaña, a pesar, es cierto, de los inconvenientes obvios que genera un estado de situación sanitario producto de la pandemia del Covid 19.

Hazaña fue el No a la dictadura en 1980, hazaña fue el voto en blanco en 1982, hazaña fue llenar la explanada del Palacio Legislativo el 1 de Mayo de 1983, hazaña fue, sí, la recolección de firmas para posibilitar un plebiscito contra la ley de caducidad en un país aún débil institucionalmente. En este caso se juntaron firmas y se llegó a la cantidad exigida en un país totalmente diferente, robusto institucionalmente y que ya tuvo la prueba de haber sido gobernado por todos los partidos políticos. Con este episodio se constata que Uruguay canaliza el descontento de manera democrática, con las papeletas como herramienta y demuestra que es un país vigoroso desde el punto de vista del ejercicio de la política, que no es un territorio exclusivo de los políticos.

Ahora se viene el tiempo para avalar las firmas, trabajo que debe realizar la Corte Electoral. Si las firmas válidas alcanzan al 25% de los habilitados para votar se considerará cumplida la exigencia del artículo 79 de la Constitución y habrá referéndum.

Para la verificación de las firmas la Corte Electoral dispone de un plazo de 150 días hábiles y luego, en caso de que se confirme que hay referéndum, tiene un plazo de 120 días para convocar a la consulta popular.

Haber alcanzado las firmas dio por tierra con muchas de las especulaciones de algunos dirigentes frenteamplistas, quienes en lo previo no eran tan optimistas de lograr reunir tal cantidad de voluntades y es un duro golpe para el gobierno de Luis Lacalle Pou, ya que el referéndum se realizaría a fines de este 2021 o a principios de 2022, momento en que su popularidad puede estar en problemas por las propias medidas que aplica e incluso por la pandemia con afectación de la calidad de vida de la población.

En una coyuntura de crisis económica, con disminución del salario real y de los montos de las jubilaciones, con desocupación, es probable que el referéndum contra los artículos de la LUC tenga éxito.

En el plano político estrictamente lo que se verá incrementado de ahora en más será el distanciamiento entre el gobierno multicolor y la oposición. Hasta ahora, el principal punto de roce entre el gobierno y la oposición era el manejo de la pandemia: la reciente interpelación a los ministros Daniel Salinas de Salud Pública y Azucena Arbeleche de Economía, por parte del senador y economista Daniel Olesker, dejó en claro esa distancia.

Para el Frente Amplio es una suerte de revancha y ha sido el lugar por donde colarse para mellar a un gobierno y un presidente que no ha bajado de un 59% de popularidad, a pesar de los problemas derivados de la pandemia. El Frente Amplio ha logrado con estas firmas soldar las discrepancias internas para pasar a la ofensiva y ejercer una oposición dura y firme. Y en esto la cabecera de puente son los sectores más radicalmente opositores al gobierno y radicales.

(Un apunte al margen, pero ilustrativo, es que en la pulseada entre el intendente de Canelones Yamandú Orsi y la intendenta de Montevideo Carolina Cosse, la jefa comunal capitalina le ha sacado varios cuerpos de ventaja al jefe canario en la carrera por el liderazgo y la candidatura del Frente Amplio para las próximas elecciones. Orsi en algún momento se mostró reticente a juntar firmas y en cambio Cosse hizo punta).

Y la ilusión que podíamos tener de que por haber alcanzado las firmas se ingrese al debate los contenidos de la Ley de Urgente Consideración, será eso, una ilusión porque la campaña por el referéndum en realidad será sobre la gestión de gobierno más que por los 135 artículos que se quieren derogar y lo que hasta ahora fue silencio y evasivas de los actores del gobierno a debatir sobre la LUC, ahora deberán salir a defenderla con uñas y dientes porque si es derogada se cae la arquitectura sobre la que se basa este gobierno.

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Foto. Gastón Britos / FocoUy