«Las movilizaciones son genuinas, la ocupación de plantas no y por eso disparamos el mecanismo de desalojo», señaló Stipanicic.
Desde las 6 de la mañana que sindicalistas ocupan la planta de Alur en Capurro e impiden el ingreso de otros trabajadores a la planta. El reclamo es contra el «desmantelamiento» de la planta y «en defensa de la industria sucroalcolera». En entrevista con Punto de Encuentro, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, afirmó que «se había acordado que no iba a ocurrir este tipo de movilizaciones» y que están dispuestos a dialogar.
«No hay un antagonismo que impida dialogar o llegar a acuerdos», resaltó, aunque dijo que en el sindicato «hacen paros distorsivos, menos en La Tablada». «Las medidas de mañana no van a afectar el abastecimiento de mañana. Ahora, si estas medidas se siguen manteniendo y si tenemos algún problema en el mantenimiento de bomba o tanque, ahí podría ser», aseguró.
El presidente de la Federación de Ancap (Fancap), Gerardo Rodríguez, catalogó la relación entre Ancap y el gremio como una “situación de guerra”. «La declaración de guerra no es tal. No hay declaración de guerra», rebatió Stipanicic. «Estamos manejando la empresa más grande del país y no queremos cogestionar. La discrepancia y la tolerancia van a ser máximas pero al final del día las decisiones las toma la empresa», enfatizó.
Esta situación «tiene un límite» a nivel práctico, señaló y dijo que «las movilizaciones son genuinas, la ocupación de plantas no y por eso disparamos el mecanismo de desalojo».
En cuanto al cierre de la planta en Capurro, apuntó que «arranca en una serie de conjeturas». «Son conjeturas porque aún así la ley dispusiera que no es necesario mezclar biodiesel, igual seguiría funcionando», expresó y agregó: «Lo que se negocia es todo aquello que afecte a los trabajadores, pero las decisiones sobre la empresa la toma la empresa».
Resaltó que no quieren, «no está en la mesa» ni en análisis, despedir trabajadores. «Para bailar se necesitan dos», dijo respecto de las conversaciones, aunque valoró las reuniones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a las que calificó de «muy correctas».
Stipanicic explicó que el directorio devolvió un barco la semana pasada que le cuesta US$ 2 millones por año a la empresa. Estaba «para ingresar a dos puertos y no entra en ninguno de los dos puertos», expuso y dijo que la empresa vela por sus intereses.
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Foto: Gastón Britos / FocoUy
