La definición llega tras las múltiples críticas a dicha resolución.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió dejar en suspenso la resolución por la cual se disolvían 20 juzgados de Paz en el interior del país, informaron desde el Poder Judicial.
Esta decisión se tomó a raíz de «posturas publicitadas por diferentes actores institucionales», que se expresaron contrarios a la decisión de la SCJ, según detallan a través de un comunicado.
La Corte había justificado que la resolución era necesaria por razones de presupuesto y de optimización de recursos humanos y materiales. Sin embargo, surgieron varias voces detractoras, entre ellas críticas por parte de legisladores blancos que habían solicitado que autoridades del Poder Judicial acudieran al Parlamento, y también del Colegio de Abogados del Uruguay y de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay.
Se buscará «abrir un ámbito de negociación con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo a fin de obtener los recursos indispensables para un adecuado funcionamiento de las distintas sedes judiciales», indicaron desde el Poder Judicial.
De mantenerse esta disposición, el 1º de octubre se iban a suprimir las sedes judiciales de los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres, según la Acordada nº 8119.
Según informó El País, el costo aproximado de mantener abiertas las oficinas es de $ 13 millones, y por eso la corporación no está actualmente en condiciones económicas como para que estas 20 oficinas puedan continuar operando en edificios propios. Es por eso que el organismo trasladará el problema del financiamiento al sistema político.
