En el oficialismo cuestionan un contrato millonario que Kechichian firmó sin negociar, y que reportó importantes beneficios económicos a la Unión General Armenia de Beneficencia. El tema será motivo de análisis en las próximas ediciones de la comisión investigadora.
En diciembre de 2011 el Ministerio de Turismo y Deporte firmó un convenio precontractual con la Unión General Armenia de Beneficencia del Uruguay (UGAB) para comprarle un inmueble en Ciudad Vieja. 970 Noticias accedió a documentos que detallan el conflicto que incluyó reclamos millonarios del centro armenio al Estado por incumplimientos.
Según esos registros, el precio a pagar por el inmueble serían “cinco millones de dólares, con una entrega de US$ 900.000 para la firma del compromiso de compraventa, otra de US$ 1.500.000 con la ocupación y un pago final de US$ 2.600.000 al año de ocuparlo.” El plazo acordado para firmar el compromiso fueron 30 días que vencerían el 21 de enero de 2012. Además, el ministerio acordó que UGAB haría reformas al edificio por US$ 300.000, a costo del club. Sin embargo, el acuerdo se demoró y en 2014 UGAB citó al ministerio a Conciliación, reclamando penalmente por daños y perjuicios. La demanda era por “US$ 300.000 de multa y US$ 2.000.000 (más intereses) por daños y perjuicios, costas y costos, sin perjuicio de daños no cuantificados por cierre del club en Uruguay.”
Meses después de ese reclamo, el ministerio y UGAB firmaron una Adenda al contrato por la cual UGAB se comprometía a “aumentar el monto de la inversión edilicia en hasta US$ 1.000.000 sin que se modificara el precio de venta del inmueble.” Asimismo, se incluyó una “cláusula penal” con multa de US$ 300.000 por incumplimiento. Pese a esa renovación del contrato, un año después se rescindió el acuerdo y la adenda mencionada. A cambio de la rescisión, UGAB y el ministerio (con la Dirección Nacional de Deporte todavía vinculada presupuestalmente al Ministerio) firmaron un acuerdo para el uso de las instalaciones deportivas.
Ese convenio evitaba que UGAB reclamara por la fallida venta del edificio. En concreto, UGAB cedía parte de sus instalaciones deportivas a la Dirección Nacional de Deportes sin que el centro armenio perdiera acceso al complejo deportivo. El plazo de ese acuerdo iba del 28/10/2015 al 29/2/2020.
Según supo 970 Universal, el Tribunal de Cuentas observó ese convenio “por recurrir al mecanismo de compra directa sin haber realizado licitación.” Pese a ello, se acordó y pagó más de US$ 21.000 por mes en entregas anuales: US$ 350.000 en 2015, US$ 250.000 en 2016, US$ 200.000 en 2017, US$ 200.000 en 2018 y US$ 100.000 en 2019. Es decir, el ministerio de Turismo pagó al UGAB US$ 1.100.000 (más suministros) en cinco años (US$ 21.150 por mes).
Además, en los últimos días de noviembre de 2019 (sobre el balotaje que terminó de definir el cambio de gobierno) se firmó la extensión del convenio por un año más, con costo de US$ 150.000 para la Secretaría Nacional de Deportes. Esa prórroga se firmó el 28 de febrero de 2020, último día de gobierno de Tabaré Vázquez.
El Tribunal de Cuentas también observó esa acción, nuevamente “por recurrir al mecanismo de compra directa sin haber realizado proceso competitivo” en un fallo del 3 de marzo de 2020. En diciembre de 2020, ya con las nuevas autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes, el gobierno de Lacalle Pou decide no renovar ese contrato por el cual el Estado había pagado otros US$ 150.000 más extras.
Fuentes parlamentarias explicaron que esta decisión afectaba a la Federación Uruguaya de Básquetbol, usuario de las instalaciones deportivas, que comenzó a buscar una alternativa. Es así que, en asociación con la empresa Tenfield, firmaron un nuevo contrato con UGAB para mantener las prestaciones “en los mismos términos” que el convenio del ministerio de Turismo. No obstante, en lugar de pagar US$ 21.150 en promedio mensual se acordó un monto notoriamente inferior.
Según señala el documento en poder de 970 Universal, la FUBB pagaría un millón y medio de pesos por el primer año (aproximadamente US$ 40.000), lo que representaba casi US$ 3.300 dólares por mes. A eso Tenfield sumaría US$ 35.000 en los doce meses, casi US$ 3.000 por mes. Es decir, en total y luego de cambiar de contratante, UGAB recibiría menos de US$ 6.500 dólares por mes de la FUBB y Tenfield, cuando hasta febrero de 2021 recibió US$ 21.150 de parte del Estado. En el segundo año UGAB cobraría una cifra similar. De acuerdo con los términos acordados, la FUBB pagaría US$ 21.500 (total anual) y Tenfield US$ 20.000. En suma, por dos años del contrato firmado con Tenfield y la Federación Uruguaya de Básquetbol, UGAB recibía aproximadamente US$ 140.000, unos US$ 5.800 mensuales (total US$ 140.000 en 24 meses).
Sin embargo, en los casi cinco años de contrato con el ministerio de Turismo UGAB recibió US$ 21.150 por mes (total US$ 1.100.000 en 52 meses), al tiempo que en un año de contrato con la Secretaría Nacional de Deportes percibió US$ 12.500 mensuales (total US$ 150.000 en 12 meses). Fuentes consultadas en la Secretaría Nacional de Deportes aseguraron que presentarían estos números ante la comisión investigadora del parlamento, por las contrataciones realizadas en el ministerio de Turismo entre 2010 y 2021 (hasta el día que renunció Germán Cardoso). Según consultas realizadas por 970 Universal, en el oficialismo consideran incongruente que la cifra abonada por el Estado haya sido casi cuatro veces superior al contrato firmado entre la misma institución, UGAB, y actores privados, Tenfield y FUBB.
Durante la comparecencia de Liliam Kechichian ante la comisión investigadora, la senadora fue consultada por este episodio y una posible vinculación entre la compra fallida y el posterior contrato para usar las instalaciones. Al responder, Kechichián descartó tal conexión.
Según la versión taquigráfica, la exministra explicó: “Nunca me reuní y nunca me enteré ni siquiera de la decisión de ese contrato (con UGAB). ¿Por qué tuve que firmar? Porque hasta que no pasara en el presupuesto nacional a la Presidencia de la República, administrativamente (la Secretaría Nacional de Deportes) todavía estaba en la órbita del ministerio y (…) tenía que firmar, pero no tomaba las decisiones.”
Kechichian agregó que firmó a solicitud de Daniel Daners, director de Desarrollo Deportivo de la Dirección Nacional de Deporte. “Obviamente yo no había tenido nada que ver con la negociación, no participé en ninguna reunión (…). Es la primera vez en la historia que alguien se atreve a poner un manto de duda sobre una organización como la Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB), agregó.”
La senadora del Frente Amplio también se desvinculó del contrato por la sede del edificio de Ciudad Vieja. “Nunca llegué a firmar nada; ese negocio quedó inconcluso porque fue justo en el momento en que cambiaron y el nuevo director no quiso ese edificio. Por lo tanto, se despeja que hubiera algo dirigido a comprarle a la UGAB algo, cualquier cosa.”
Minutos después, Kechichian agregó: “Ahora bien, yo convocaría a la UGAB para preguntarle por qué hoy cobra diez veces menos, si es que eso es así. Yo no tengo el contrato; quedé muy preocupada porque la nueva Secretaría Nacional del Deporte no lo renovara (…). Seguramente, debe haber contratado menos servicios, supongo yo.” Fuentes del oficialismo consultadas por 970 Noticias consideraron inconducente la explicación de Kechichian, no solo por el hecho de firmar como ministra un contrato que no negoció, sino también por el monto millonario que pagó el Estado. Tanto UGAB como la Secretaría Nacional de Deportes comparecerán el lunes 15 de noviembre ante la comisión investigadora.
Foto: Gastón Britos/ FocoUy
