Presidencia de la República organizó un “taller de trabajo” para los comunicadores, sobre los contenidos técnicos de la Ley de Urgente Consideración.
Al frente de la exposición estuvieron el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, Mario Aritzi subsecretario de Trabajo, el subsecretario de Interior Guillermo Maciel, Marcela Bensión directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Gonzalo Baroni en representación del Ministerio de Educación y Cultura.
La Comisión por el Sí pidió a Presidencia que brinde condiciones para realizar un taller sobre la LUC tras enterarse de esta instancia. Desde el gobierno indicaron que se está en conocimiento del pedido, a ninguno de los presentes le corresponde tomar una decisión al respecto, pero hasta el momento no se evalúa hacer lugar al reclamo.
El prosecretario de Presidencia comenzó indicando que “hay perspectiva de referéndum” y que es “inminente”.
Los artículos que destacaron las autoridades presentes para explicar sus fundamentos, fueron los que refieren a arrendamiento sin garantía, portabilidad numérica, adopciones, educación, libertad financiera y seguridad pública.
Se aceptaron preguntas finalizada la exposición, en la cual las autoridades presentes recibieron el planteo de alguno de los comunicadores, sobre si lo expuesto fue el lado político por encima de lo técnico, para fundamentar cada artículo que se pretende impugnar.
Uno de los temas al que se le dedicó más tiempo de intercambio fue el referido al arrendamiento sin garantía y la posibilidad de alquilar sin ella con un plazo más corto para desalojar al inquilino.
Durante la exposición se destacó “la libertad” y cuidar los derechos de ambas partes involucradas, como en el caso de las huelgas donde se indica que lo que se pretende es asegurar a los huelguistas su derecho, pero también a los no huelguistas el derecho a trabajar así como permitir al dueño del establecimiento ingresar.
O el derecho de las partes, de tener libertad de común acuerdo a elegir la forma de pago, sea electrónico o efectivo, algo que según indicaron fue reclamado en las zonas del Uruguay profundo, en pueblos alejados con poca conectividad y sin un cajero cerca.
También se habló de la libertad de cambiar de compañía telefónica y mantener el número, algo que las autoridades entienden es importante y que genera un problema cambiarlo, si el teléfono se utiliza para trabajar.
El subsecretario del Ministerio del Interior Guillermo Maciel dijo que si derogan los 135 artículos de la LUC, se vuelve a la reglamentación anterior y los delincuentes se van a ver beneficiados con ello.
Se destacó que la LUC crea nuevos delitos para quien se resista al arresto, o a quien ayude a impedirlo, permitiendo que sea tipificado con agravante si se agrede a la autoridad.
Por otra parte se aumenta 1/3 la pena si se encubre delitos graves vinculados con droga, rapiñas con privación de libertad. Se establece un delito específico si se atenta contra la propiedad policial, destruir un patrullero o contra otra propiedad de la Policía, se estará incurriendo en un delito que según indicaron, antes no estaba y con esto se le da “respaldo a la Policía”.
Se establece como delito la autoevacion , es decir el que se escapa de las autoridades, en tal sentido indicaron que antes solo se penaba si se realizaba con violencia. “La LUC dice que es delito y si es con violencia será agravante” sostuvo Ferrés.
Se elimina el beneficio de la libertad anticipada para delitos “gravísimos”. Las personas condenadas por delitos como violación, secuestro y homicidio agravado, no podrían pedir su liberación antes de cumplir la el total de su pena.
A estos delitos se sumaron los cometidos por rapiña, rapiña con privación de libertad y extorsión.
Maciel manifestó su preocupación y destacó que de derogarse la LUC los delincuentes que cumplen condena por estos delitos, podrán acceder al beneficio y acortar su pena “si se deroga salen antes” manifestó.
La idea de crear esta ley fue atribuida al presidente de la República, Luis Lacalle Pou en el año 2017 de cara al proceso electoral para implementarla “si se llegaba al gobierno”. Posteriormente en noviembre del 2019 dicha ley fue consensuada por los integrantes de la coalición como “un eje fundamental” de cara al gobierno que debían asumir.
El 22 de enero del 2020 se presenta el anteproyecto para ser presentada a todos los partidos el 9 de abril.
El 23 de abril del mismo año el Poder Ejecutivo la ingresa al Parlamento, y se promulga el 9 de julio. Las autoridades destacaron que la LUC fue votada por todos los partidos políticos en más del 50% de su contenido y que es una ley que permite controlar el gasto, mejor educación, más políticas sociales y también establece “derechos y libertades”.
Foto: Carlos Lebrato / FocoUy
