La organización fue recibida por el presidente de la Cámara de Representantes, Ope Pasquet.
La organización de Familiares de Prisioneros Políticos fue recibida este viernes por el presidente de la Cámara de Representantes, Ope Pasquet a quien le denunciaron “las arbitrariedades e irregularidades constatadas en los procesos judiciales que se les siguen a nuestros familiares, a consecuencia de los cuales se los priva de libertad ilegítimamente”, indicaron en un comunicado. Asimismo exhortan a que “se sancione sin más dilaciones el proyecto de ley de prisión domiciliaria para adultos mayores”.
En la reunión, además (…) expusieron “las razones que nos llevaron y nos llevan a apoyar el Proyecto de Ley de Prisión Domiciliaria en estudio, que por cierto no consideramos sea la solución definitiva, ya que sólo mitiga el padecimiento y la situación de indefensión infringida a nuestros familiares a consecuencia de la posición que en los últimos 15 años ha mantenido el Poder Judicial”.
“Destacamos que la ciudadanía fue desoída en dos oportunidades por aquellos que la habían convocado para que decidieran sobre el mantenimiento de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, espejo de la anterior Ley de Amnistía, para una salida pacífica a una guerra fratricida. En una actitud antidemocrática y antirrepublicana se ignoró al pueblo, se derogó la ley de Caducidad pero se mantuvo la ley de Amnistía a terroristas que se levantaron en armas contra gobiernos democráticos en las décadas de los 60 y 70”.
“No solo se derogó la ley con más legitimidad en la historia del Uruguay, sino que se desconocieron los efectos desplegados por la misma durante 25 años. Se afectaron los derechos adquiridos por quienes se vieron beneficiados y la ley que la derogó ha sido declarada consistentemente inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia e inaplicable; no obstante, a nuestros familiares los jueces les siguen aplicando esta ley inconstitucional. A esto se suma la creación de un órgano represor especializado para perseguir delitos del pasado sólo para nuestros familiares, lo cual es contrario a los principios y leyes de nuestro país”, agregan.
Ante el estado de desamparo jurídico, social, físico, síquico y emocional que padecen nuestros familiares privados de libertad, requerimos:
1. Denunciar públicamente la falta de garantías y la desigualdad en la aplicación del derecho sustancial a que se ven sometidos nuestros familiares.
2. Proponer y aprobar leyes para impedir al Estado Uruguayo violar el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva que les corresponde, asegurando el cumplimiento de los principios de irretroactividad de la ley penal, de legalidad y de seguridad jurídica.
3. Promover medidas legislativas que garanticen el fiel cumplimiento de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Ley 19.430, para proteger la vida de nuestros familiares, amenazada y comprometida tanto en su calidad como en su duración a consecuencia del quebrantamiento de la precitada Convención.
4. Promover medidas legislativas que garanticen el fiel cumplimiento de los artículos 7, 18 y 26 de la Constitución de la República; artículos 15, 16 y 113 del Código Penal; artículos 7 y 8 del Código de Proceso Penal (Ley 15.032); artículos 15 y 16 del Código del Proceso Penal 2017 (Ley 19.293); artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículos 11 y 24 del Estatuto de Roma; artículo 28 de la Convención de Viena; artículo 13 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley 19.430), para proteger la vida de nuestros familiares, amenazada y comprometida tanto en su calidad como en su duración a consecuencia del quebrantamiento de la precitada Convención.
5. Exhortar a que se sancione sin más dilaciones el proyecto de ley de prisión domiciliaria para adultos mayores.
6. Tipificar el delito de prevaricato, a efectos de evitar y/o sancionar el desvío en que están incurriendo jueces y fiscales al momento de aplicar las normas y principios que rigen en nuestro ordenamiento jurídico vigente.
Foto: FocoUy
