La cúpula de Fenapes basó su defensa en la ilegalidad que supone el trabajo realizado por el Parlamento respecto a las licencias irregulares, al afirmar que se investiga a una “persona del derecho privado”.

En sus descargos ante la investigadora del Parlamento, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) apuntó a la ilegalidad de la comisión y a su imposibilidad de defensa. Mientras que la expresidenta del Consejo de Secundaria, Celsa Puente, denunció que fue sometida “al escarnio público” y a la “difamación”, y el consejero Javier Landoni pidió a la cámara archivar actuaciones por suponer “una enorme pérdida de tiempo y de recursos”.

Todos contestaron a la investigadora, luego de que el pasado 25 de abril -a iniciativa de los diputados de la coalición de gobierno- se los citara para hacer sus descargos ante la conclusión de que surgieron “presuntas omisiones e irregularidades administrativas y conductas con apariencia delictiva”. Por ejemplo: fraude, estafa, falsificación, abuso de funciones y encubrimiento.

La cúpula de Fenapes basó su defensa en la ilegalidad que supone el trabajo realizado por el Parlamento respecto a las licencias irregulares, al afirmar que se investiga a una “persona del derecho privado”. El presidente del gremio José Olivera y los sindicalistas Marcel Slamovitz, Ana Pescetto, Alejandra Vespa, Virginia García Montecoral y Graciela Almeida firman el escrito donde aseguran que “nunca debió constituirse” la investigadora en Diputados.
Tras ser apuntados por presuntos delitos, los gremialistas sostienen que la comisión “es a todas luces contraria a derecho” al “entrometerse en la vida interna de un sindicato”.

En tanto, se cuestiona que los legisladores que representan a la coalición de gobierno “se atribuyeron poderes jurisdiccionales materializando con dicho accionar otra perla en este largo collar de ilegalidades”. Por lo que piden a la Cámara de Representantes “subsanar la ilegalidad” no aprobando todas las actuaciones de la comisión, “bajo el riesgo de ser pasibles de responsabilidad civil por un acto legislativo manifiestamente antijurídico”.

“Se solicita a la Cámara de Legisladores que no se aprueben las actuaciones emergentes de esta ilegal comisión investigadora y se repare de esta manera la lesión que han hecho al ordenamiento jurídico vigente aplicable”, sostiene Fenapes.

Foto: Twitter Fenapes