La normativa exigirá «certificado de antecedentes judiciales, no encontrarse privados de libertad y carecer de orden de cierre de fronteras».
El Gobierno modificó el decreto para la otorgación de pasaportes ante el caso del narcotraficante uruguayo Sebastian Marset. El presidente, Luis Lacalle Pou, dispuso que la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores se efectuará por medio de los Funcionarios Consulares. El proceso de tramitación del pasaporte entre la Cancillería y el Ministerio del Interior se realizará a través de un sistema informático en línea, sin perjuicio de las comunicaciones electrónicas a distancia.
La normativa exigirá «certificado de antecedentes judiciales, no encontrarse privados de libertad y carecer de orden de cierre de fronteras», así como también la «inexistencia de requisitoria u orden de captura a nivel nacional y/o internacional que hayan sido informadas a la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol». Aclarar que quedan exceptuados los pasaportes extendidos con autorización judicial, casos que el Juez fijará el plazo de validez.
El texto indica que la Oficina Consular no iniciará tramite en aquellos casos en que la persona solicitante se encuentre privada de libertad. Será el Ministerio del Interior el que compulse la información de los requisitos a excepción de la buena conducta en el país de residencia y también será la cartera quien autorice y emita el pasaporte o suspenda la prosecución del trámite mediante el sistema informático.
El documento aclara que quedan exceptuados de dicho plazo aquellos pasaportes de emergencia que se expidan en el exterior a nacionales y ciudadanos legales uruguayos que estén indocumentados, tengan asignado número de cédula de identidad uruguaya y acrediten un viaje inminente. Agrega que el documento se expedirá con un plazo de un año como máximo o hasta la fecha de expiración del pasaporte anterior.
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