El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, explicó por qué se archivó la causa contra el exministro de Turismo, Germán Cardoso, donde aún hay dos casos abiertos en relación a la empresa Kirma. “Desde el punto de vista penal, esas irregularidades o desprolijidades administrativas no necesariamente configuran un delito, se requiere algo más, el delito requiere una intención”, apuntó.
En rueda de prensa, el fiscal detalló que abrió tres carpetas investigativas: la primera referida a un adscripto, otra vinculada a la contratación de Kirma Services (esas causas continúan) y la que archivó fue la que estaba vinculada a determinadas firmas en determinados expedientes administrativos.
Según Rodríguez en esos expedientes hubo ciertas omisiones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF), pero que son irregularidades administrativas que no constituyen un delito penal. «No es que se actúe con una intención de ocultar el pronunciamiento de un organismo para lograr un beneficio personal de un tercero eso al menos no está probado».
«El delito de abuso de funciones es un delito altamente complejo. Es un delito que está muy vinculado con la administración y la gestión política. Generalmente ese delito que más involucra al acto de las autoridades públicas y tiene mucho mucha relación con las irregularidades administrativas. El tema es que el delito es más que la irregularidad administrativa. Debe probarse una responsabilidad penal y debe probarse una intención de causar un perjuicio», señaló.
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