La Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) presentó un proyecto de ley para regular la actividad, buscando dar garantías a usuarios y a quienes trabajan en el sector. Buscan crear un registro de operadores y combatir el informalismo que ronda el 60% a nivel país.
El proyecto fue firmado por todos los partidos políticos y actualmente se encuentra a estudios de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados. El mismo fue ingresado durante 2021 y ha tenido sugerencias por parte de los legisladores lo que generó que fuera modificado el texto inicial.
Actualmente el sector inmobiliario en Uruguay emplea aproximadamente 27.400 personas, de acuerdo a datos de Banco de Previsión Social. La informalidad es una vieja problemática que afecta al país ya que hay una percepción de que la intermediación en la negociación de inmuebles se llevan a cabo de manera no regulada.
Mercado transparente y capacitado
Beatriz Carámbula, presidenta de la CIU dijo a 970 Noticias que a diferencia de lo ya establecido se busca que el registro funcione bajo la órbita del Ministerio de Trabajo mediante una comisión conformada por tres representantes del Poder Ejecutivo y dos personas de las gremiales, para poder expedir la matrícula, cobrar la actas de registro, controlar el trabajo de los operadores y aplicar sanciones en caso de irregularidades.
El estado gana mayor recaudación y el consumidor final ya sea inversor, extranjero o propietario, estará mas protegido, mejor asesorado. A su vez, se dará cumplimiento con lo que exige la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
En el registro se van a poder inscribir quienes tengan el título de operador inmobiliario, reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura, inscrito además en BPS, DGI y en el Ministerio de Turismo si trabaja en zonas turísticas. Si el operador no tiene en sus publicaciones la matrícula que se le exige no puede trabajar.
Además buscan cruzar información con las intendencias para poder tener datos actualizados, en tiempo real y así crear lo que ellos denominan un observatorio inmobiliario. Al contar con esto podrán identificar quienes se apartan de la normativa y aplicar sanciones que van desde la suspensión temporaria del registro, que no podrá superar los tres meses o multas en Unidades Indexadas desde 1.000 a 500.000 según la circunstancia del caso.
Por otra parte, se encuentra a estudio el proyecto de ley de vivienda de uso turístico que busca terminar con la informalidad pero también atender la competencia desleal con los hoteles. Habla de inmuebles con determinadas características y la cantidad de promociones que puede realizar anualmente y que su alquiler sea por un periodo que exceda los 90 días y no por temporada.
Foto: CIU
