El pasado 16 de enero una niña de 11 años falleció en una zona rural de Treinta y Tres. En un principio se creyó que se trataba de una muerte súbita, pero la investigación arrojó una macabra realidad.
La víctima presentaba claros signos de abuso por parte de sus tíos, que en esos momentos eran los adultos encargados de su tutela. También, se constató que estaba pasando por un cuadro de desnutrición, entre otras cosas.
En las pericias recabadas en la investigación se pudo saber que la niña era “esclava” de su tíos que la hacían trabajar hasta altas horas de la noche, no la alimentaban bien y ejercían violencia psicológica. Según supo 970 Noticias con fuentes del caso, no había denuncias previas de esta situación lo que no ayudó a prevenir el triste desenlace por parte de las autoridades.
La investigación policial
En diálogo con 970 Noticias el jefe de Policía de Treinta y Tres, Richard Lima, contó que la investigación por parte de la Policía “no fue compleja” porque fue corta ya que de forma inmediata pasó a Fiscalía.
Además, Lima contó el calvario que vivió la niña en la casa donde también estaban sus primos.
Críticas a la condena
La Justicia decidió condenar a la mujer de 39 años, tía de la víctima, a tres años de penitenciaría, dos de cumplimiento efectivo con privación de libertad en la cárcel como “autora penalmente responsable de un delito de homicidio culposo, un delito continuado de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad o a la guarda y un delito continuado de violencia doméstica agravada todos en régimen de reiteración real”.
Por otro lado, el hombre de 41 años, pareja de la mujer, fue condenado como “autor penalmente responsable de un delito continuado de violencia doméstica agravada a la pena de 12 meses de prisión. El condenado tendrá que cumplir de forma efectiva el primer mes y los restantes once meses serán bajo régimen de libertad a prueba.
La decisión judicial fue tras el pedido de la fiscal del caso, Alicia Abreú, que llegó a un acuerdo con la defensa de los acusados. Esta situación trajo consigo las críticas de las masas sociales, las que sostienen que la pena “no es justa”.
En diálogo con Montevideo Portal, Abreú explicó que para llegar al acuerdo se suele contemplar el delito que tenga la pena máxima, dentro de los mínimos establecidos.
“Yo tengo que tratar de transar con un mínimo de ocho meses de prisión”, dijo la fiscal, y agregó que el hecho de que ambos condenados fueran primarios le permite a la defensa pedir la libertad a prueba.
“Yo elegí, porque entendí porque me parecía justo —aunque sí podemos decir que no fue tan justo a la visión de la gente y la mía particular también— que se cumpliera una condena con privación de libertad”, expresó Abreu.
La postura del INAU
El presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala, contó a 970 Noticias, que no habían recibido denuncias previas por esta situación y que los otros menores que vivían en la casa están bajo el cuidado del instituto.
En este sentido, Abdala expresó que se está manejando la posibilidad de que se vayan con uno de sus abuelos que, en un principio, cumpliría con todos los requisitos, De igual forma, aclaró que lo están manejando con “mucho cuidado”.
Por otro lado, Abdala detalló que aproximadamente el 80% de las intervenciones que hizo INAU en 2022 se tratan de casos que estaban presentes desde hace mucho tiempo, como pasó en este caso.
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