La medicina forense en Uruguay es una de las profesiones más requeridas. Sin embargo, los universitarios que la eligen, no llegan a cubrir el total de la demanda. Según el médico especialista en Medicina Legal y Ciencias Forenses, Domingo Mederos, la remuneración no compensa «la insalubridad» a la que se exponen. Además, existen factores que comprometen su desempeño, como lo es indicar donde debe pagar su pena un delincuente.
Nadie Se Atreve se sentó a tomar un Espresso Para Dos con Mederos para conocer más acerca de los desafíos y por menores de esta profesión bastante relegada en nuestro país. «El médico forense no tiene que decir donde debe pagar la pena el delincuente», afirmó durante la entrevista al indicar que este tipo de tareas, «limitan» a los profesionales y terminan siendo «escrachados».
«Más allá de los pilares que hemos hablado de la medicina forense, uno de ellos es cuando al médico forense le asignan una tarea que él en si tiene limitado para hacer. Por ejemplo, la famosa prisión domiciliaria y que hubo grandes problemas con ella. Incluso en la parte periodística ha salido y al que escrachan entre comillas, es generalmente al médico forense por haber puesto que se le diera prisión domiciliaria a determinado detenido», señaló Mederos.
El médico especialista en Medicina Legal y Ciencias Forenses, Domingo Mederos en Nadie Se Atreve hablando sobre la medicina forense en Uruguay.
Según explicó, el conflicto surge porque desde el Poder Judicial, le piden a estos profesionales que indiquen si los delincuentes están en condiciones de pagar su pena en la cárcel, en un hospital psiquiátrico o en su casa. Para que se logre entender, Mederos puso como ejemplo un caso real donde la decisión del colega «fue un error».
«El médico forense cometió el error de decir que tenía que ir a la casa. Cometió el error digo yo porque el médico forense no tiene que decir donde tiene que cumplir la pena la persona. Lo que tiene que decir es que patologías tiene, o sea, que enfermedades tiene, que medicación tiene que recibir y que controles médicos se les tiene que hacer. Es lo único que tiene que hacer. Después, es el juez o el fiscal el que tiene que averiguar si el establecimiento de reclusión le puede brindar a esa persona privada de libertad lo que necesita», subrayó el especialista.
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Foto de portada: FocoUy
