Tras la constatación de las denuncias falsas por parte de Romina Celeste y Paula Díaz al precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi, el sistema político abrió el debate nuevamente sobre la necesidad de rediscutir la ley de Violencia de Género aprobada en 2019.
Dicha normativa establece que si una denunciante acusa a un tercero y luego se comprueba que la denuncia es infundada o es falsa, no se aplicará sanción o castigo alguno legal contra ella. A su vez, en caso que la denuncia se compruebe, percibirá la remuneración de 12 salarios del agresor.
El diputado colorado Gustavo Zubía, que apoya la precandidatura de Andrés Ojeda a la presidencia, propuso un proyecto de ley para modificar algunos artículos. Zubía declaró en 970 Noticias: “lamentablemente estamos inmaduros en la parte jurídica y estamos respondiendo a requisitorias muchas veces de los lobby feministas muy enraizados en la obtención de beneficios de la figura masculina damnificada o denunciada y por lo tanto tenemos que rápidamente hacer una modificación”, sostuvo el representante.
Cabildo Abierto también presentó un proyecto de ley para modificarla. En esta línea, el senador Guido Manini Ríos expresó: “es una ley que viene destruyendo familias, que viene siendo realmente discriminatoria, que creemos que es inconstitucional desde el momento que no somos todos iguales ante la ley sino que según el sexo hay diferencia”, sostuvo el precandidato cabildante.
Por su parte, la directora de la ONG El Paso, Andrea Tuana, consultada por 970 Noticias sobre el posible amparo de la ley en las denuncias falsas contra Orsi, dijo: “la denuncia que hicieron estas personas fue una denuncia penal por lesiones, no fue una denuncia por protección amparada en la ley 19580, entonces estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver y que se entreveran para sacar partido, ¿Cuál es el partido que se quiere sacar de esto? insisto, restringir los derechos humanos”, concluyó Tuana.
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