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El pasado lunes 10 de junio 26 integrantes del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República presentaron un recurso de impugnación contra la decisión del Consejo de la Facultad de crear un comité de expertos para asesorar sobre el funcionamiento del Consulorio.
La decisión se tomó días después de que el Colegio de Abogados enviara una carta al decano, Gonzalo Lorenzo, cuestionando los lineamientos éticos de los docentes en el manejo de los casos y pidiendo conocer los criterios para la admisión de casos que se atienden en el Consultorio Jurídico de la Udelar y la Clínica de Litigio Estratégico.
Según la resolución aprobada, el comité recomendará las “mejoras prácticas en materia de atención a consultantes del Consultorio Jurídico de la facultad”, y realizará aportes sobre una serie de aspectos, entre ellos requisitos de admisión de casos.
¿Qué requisitos y criterios utiliza hoy el Consultorio Jurídico para la admisión de casos?
El Consultorio Jurídico brinda asesoramiento jurídico y patrocinio judicial en diversas temáticas, a personas de los sectores socioeconómicos más vulnerados. Se tramitan más de 2.500 casos al año en general y en el consultorio penal se tramitan unos 150 o 200 casos por año. Los requisitos de admisión son muy simples, la persona que solicita acceder a la Justicia por intermedio del Consultorio tiene que hacer una declaración jurada, tienen un tope de ingresos que tiene que acreditar y en general, la mayoría de los casos se aceptan si la persona cumple los requisitos.
Eventualmente como excepción se pueda aceptar algún caso con un criterio distinto que sería por ejemplo el de interés académico, pero eso eso sucede en menor medida, salvo en la Clínica de Litigio Estratégico que se plantea con los estudiantes como parte de su trabajo, qué casos podrían llevar adelante ya que se trata de litigar estratégicamente en casos de alto impacto público y social.
La regla general es que los consultantes se acercan al consultorio, acreditan su nivel de ingresos, plantean la situación y ahí se analiza la posibilidad de tomar el caso. Es algo que hace cada docente dentro de su libertad de cátedra.
Desde el Consultorio señalan que lo ven como una injerencia, una violación a la autonomía universitaria y fundamentalmente a la libertad de cátedra, sostienen que la misma está muy vinculada a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento y a la propia democracia.
Por otra parte la manera que se va a implementar es algo que genera incertidumbre entre los docentes del Consultorio Jurídico porque entienden que hasta puede ser discriminatorio con los consultantes.
Esta situación ahora recibe un tratamiento por parte del Consejo de la Facultad de Derecho y también por el CDC, Consejo Directivo Central quienes tiene 200 días para resolver, en ese sentido el Consultorio Jurídico evalúa eventualmente otras medidas.
