Columna de Fabián Tiscornia:
La Corte Electoral está en pleno conteo de firmas para habilitar un plebiscito que reforme la Constitución. Este plebiscito, iniciativa del Pit-Cnt con el apoyo de algunos sectores del Frente Amplio, básicamente propone fijar la edad de jubilación en 60 años, establece que ninguna pasividad podrá ser inferior al Salario Mínimo Nacional (actualmente en $ $ 22.268) y elimina las AFAP.
¿Qué consecuencias puede tener esto a nivel económico y financiero?
Tenemos hasta el momento estimaciones del Banco de Previsión Social, estimaciones de la Cámara de la Construcción y un reciente informe de la corredora de bolsa Nobilis, además de un artículo Antonio Elías director del Instituto de Estudios Sindicales que publicó el Pit-Cnt.
Vamos por partes, la reforma constitucional propuesta por el Pit-Cnt tiene un primer impacto en lo acumulado por los trabajadores en las AFAP.
Lo que propone el Pit-Cnt es que el dinero acumulado en las cuentas individuales de los 1.600.000 afiliados que tienen las AFAP pasen a un fideicomiso y se utilicen para pagar jubilaciones.
A fin de 2023 había US$ 22.554 millones en las AFAP. Pasando todo el dinero al fideicomiso como plantea la propuesta del Pit-Cnt para pagar nuevas jubilaciones, más altas, cubriría solamente hasta el año 2037 según los números del BPS.
Pero hay otro aspecto que no se tiene en cuenta. El dinero de los trabajadores en las AFAP, no está en efectivo, sino que está invertido.
La mayor parte de ese dinero está invertido en deuda uruguaya.
El informe de Nobilis que mencionaba previamente, simuló tres escenarios en caso de aprobarse el plebiscito: uno de mínima, otro de base y un tercero de máxima.
Los mercados financieros suelen reaccionar a este tipo de reformas. Y hay que pensar que si se aprueba la reforma constitucional, luego se deben establecer leyes y decretos que determinen cómo se va a transferir ese dinero. Pero, mientras eso sucede, el mercado reacciona y los ejemplos cercanos que tenemos son: aumentos del riesgo país y en algún caso pérdida del grado inversor.
Esto tiene un efecto directo en el valor de los activos en los que está invertido el dinero de los trabajadores en las AFAP. Es decir, esos activos pierden valor y al momento de pasar el dinero de los trabajadores al fideicomiso a crearse, algo que puede llevar meses, va a haber una pérdida.
Nobilis estimó que el sistema tendría pérdidas entre 5% y 16%, es decir, entre US$ 1.000 millones y US$ 3.500 millones aproximadamente, dependiendo el escenario y sin tener en cuenta que el dólar suba ante este escenario de incertidumbre.
Considerando el shock cambiario, las pérdidas prácticamente se triplicarían en todos los escenarios y alcanzarían cifras de entre US$ 3.000 millones y hasta US$ 10.000 millones.
En resumen, dinero de los trabajadores que está invertido y que esos activos en los que está invertido tendrían una fuerte caída por la incertidumbre que se generaría.
Un segundo impacto de la reforma propuesta por el Pit-Cnt es en lo fiscal. Como veíamos, el dinero que pasará de la AFAP al fideicomiso se agotaría hacia 2037 según los cálculos del BPS o incluso antes si se tiene en cuenta el escenario que planteaba Nobilis.
El BPS también estimó que pasaría con el déficit que actualmente tiene en el escenario actual y en el escenario de la reforma constitucional que propone el Pit-Cnt.
El déficit estimado del BPS para 2025 equivale al 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB). Con el esquema actual, el BPS estimó que su déficit al año 2040 sería de 0,5% del PIB, pero con la reforma del Pit-Cnt sería siete veces más alto: 3,6% del PIB.
Para el año 2050 el déficit del BPS con el esquema actual sería de 0,9% del PIB y con la reforma del Pit-Cnt sería de 5% del PIB.
Esto estamos hablando del déficit del BPS, no del resto del Estado.
Según el artículo de Elias publicado por el Pit-Cnt, para paliar esto propone “aumentar el porcentaje de aporte patronal” como la mejor solución en el corto y mediano plazo.
La estimación del BPS es que la tasa de aporte personal actualmente en 15% crecería hasta 32,21% al año 2100, al tiempo que la tasa patronal del actual 7,5% se iría a 24,71%, para financiar el déficit.
Según Elías, “en el largo plazo se reducirá la masa salarial – por el envejecimiento y la tendencia a la sustitución de trabajadores por el avance tecnológico-“ y en “ese caso se recaudará más aumentando los porcentajes de los impuestos a la renta y al patrimonio del capital que tienden a aumentar las ganancias en el largo plazo”.
Y nos vamos a un tercer impacto de la reforma del Pit-Cnt: el empleo en la construcción.
Como decía antes, las AFAP administran unos US$ 22.500 millones de los trabajadores. Eso está invertido mayormente en deuda pública, pero una parte se invierte en deuda que han emitido empresas (entre ellas algunas del Estado) para financiar obras de infraestructura, como parques eólicos, carreteras, el ferrocarril central, etc.
Según el informe de Nobilis, unos US$ 4.720 millones, aproximadamente el 21% de los activos administrados por las AFAP estaban invertidos en valores emitidos por empresas públicas y privadas. A su vez, la Cámara de la Construcción estimó que unos US$ 2.200 millones fueron a financiar obras de infraestructura.
Al desaparecer ese financiamiento que dan las AFAP, la Cámara de la Construcción estima que impactaría en 3.600 empleos directos por año. Lo que dijo su presidente Alejandro Ruibal es que si se toman en cuenta otros empleos indirectos que se generan, el impacto sería de unos 25.000 puestos de trabajo.
Un cuarto impacto es el del costo del financiamiento para Uruguay y el acceso al financiamiento.
Tenemos dos ejemplos cercanos, Chile y Perú que habilitaron retiros de fondos durante la pandemia. En el caso de Chile se aprobaron tres retiros parciales de los fondos de pensiones. Esto implicó cerca del 30% de los ahorros previsionales de los chilenos. El efecto fue mayor incertidumbre, aumento del riesgo país, revisiones de la calificación de riesgo, entre otros.
Eso no es otra cosa que a Chile se le encareció el financiamiento.
La propuesta del Pit-Cnt va bastante más allá que la que se realizó en Chile. Por tanto, es esperable un aumento del riesgo país, es esperable que calificadoras de riesgo que aumentaron la nota de Uruguay tras la reforma jubilatoria porque eso según ellas le da sostenibilidad a la deuda, den marcha atrás. Además de la incertidumbre jurídica que genera un hecho de este tipo.
Eso se traduce en que a Uruguay le va a costar más caro acceder a los mercados de deuda, va a tener más dificultades para obtener financiamiento en moneda nacional ya que las AFAP que son demandantes de títulos en pesos, Unidades Indexadas y Unidades Previsionales no van a estar.
Un quinto impacto es la reducción del mercado de capitales que cumple un doble rol: financiamiento de proyectos a largo plazo y también es una opción para colocar dinero por parte de pequeños ahorristas.
Aquí no ingresamos en otros posibles efectos como pueden ser juicios de trabajadores por “apropiación indebida” de sus fondos o planteos de arbitrajes internacionales por parte de las AFAP cuyos accionistas son firmas extranjeras como SURA, Itaú e Integración.
En resumen, una cosa es plantear que la edad jubilatoria no debería aumentar a 65 años de edad como establece la reciente reforma, o que las pasividades deberían ser más altas o que hay que modificar las AFAP para que el trabajador tenga más beneficios o más retorno por su dinero.
Otra muy distinta es establecer una edad mínima jubilatoria en la Constitución, sin tener en cuenta posibles cambios demográficos a futuro como ser que siga cayendo la tasa de natalidad, que aumente la esperanza de vida, etc., establecer en la Constitución que las pasividades no pueden ser menores a un salario mínimo y la eliminación de las AFAP.
Por último, en un país de recursos limitados, que no es desarrollado, cabe recordar que la pobreza abarca al 20,1% de los niños menores de seis años y solo al 2,2% de los mayores de 65 años de edad. ¿Cuál debería ser la prioridad?
