La fiscal especializada en crimen organizado, María de los Ángeles Camiño, se pronunció a favor de iniciar la indagatoria sobre posibles irregularidades en la gestión de ANCAP. A 90 días de presentadas las denuncias de la oposición, la fiscal dijo a El Observador: «La Fiscalía entendió que hay mérito para iniciar una investigación». Camiño se pronunció también en ese sentido por escrito ante el juez Néstor Valetti.
Tras el trabajo de la Comisión Investigadora, el pasado 19 de abril todos los partidos políticos de oposición presentaron la documentación en el juzgado, y solicitaron que sea investigada. Entre 2011 y 2014 las pérdidas en ANCAP llegaron a los 602 millones de dólares.
Como primeras medidas instructorias, la fiscal Camiño pidió, en relación a los tres expedientes, que toda la documentación aportada por los denunciantes sea analizada por el equipo de peritos del juzgado, que el 1º de agosto cambiará de titular ya que Valetti será reemplazado por Beatriz Larrieu, según lo decidió semanas atrás la Suprema Corte de Justicia.
Según El Observador, Camiño indicó que si bien los episodios denunciados refieren a varios períodos, «en general» son de la administración del gobierno de José Mujica (2010-2015), en la que Sendic presidió ANCAP hasta octubre de 2013.
Entre otros temas, las denuncias de la oposición piden investigar los gastos en publicidad de ANCAP, que de US$ 1,5 millones pasó a US$ 10,7 millones entre 2013 y 2014. El período coincide con la campaña electoral en la que Sendic fue compañero de fórmula del presidente Tabaré Vázquez.
La oposición también entiende que hubo irregularidades en la contratación de la agencia de publicidad La Diez a través de la cual se pagó publicidad a una radio comunitaria de Quebracho (Paysandú) que no estaba al aire. Además, se gastaron US$ 370 mil en la fiesta de inauguración de la planta de desulfurizadora en La Teja en agosto de 2013, evento al que asistió la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández, junto a otros jerarcas de su gobierno.
Por otra parte, la oposición pidió investigar la construcción de dos barcazas y un remolcador que fue bautizado como Ky Chororo en el marco de un contrato con la Armada por US$ 12,5 millones aunque finalmente ANCAP pagó casi US$ 15 millones. El remolcador tuvo problemas de construcción que retrasaron su puesta en funcionamiento, lo que obligó a la empresa a gastar US$ 7 millones en alquilar ese servicio.
Además, la oposición pidió investigar la actuación de la petrolera estatal como broker de la empresa holandesa Trafigura en un negocio de intermediación con Petroecuador. Al final ANCAP ganó unos US$ 6 millones. Sin embargo, según el Partido Nacional, el ente no tiene marco jurídico para actuar en un negocio offshore.
La oposición también pretende que la Justicia indague los acuerdos entre ANCAP y la firma Exxor, que iba a articular el canje de deuda con la venezolana Pdvsa. El acuerdo no se cumplió y la petrolera uruguaya terminó pagando US$ 3,5 millones a esa firma. Otros aspectos incluidos en las denuncias refieren a varias licitaciones de ANCAP que fueron ganadas por el mismo oferente.
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