La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) se sumó al reclamo de los funcionarios judiciales por el cierre de varios juzgados de paz de localidades pequeñas del interior del país. Esa medida fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por los problemas presupuestales que del Poder Judicial. Los jueces aseguran que cerrar juzgados significa “un cercenamiento al derecho humano de acceso a la Justicia”.

La SCJ resolvió cerrar en 13 juzgados de Paz del interior del país, en localidades que tienen entre 87 habitantes, como Paraje Polanco, en Lavalleja, y las que tienen hasta 1.150 pobladores, como la de Pueblo Sequeira, en Artigas.

El cierre de estos 13 juzgados responde a una «reorganización» de los territorios jurisdiccionales. El presidente de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, explicó días atrás que, ante un panorama financiero «absolutamente deficitario», el Poder Judicial cierra estas sedes para ahorrar $4 millones de su presupuesto anual que serán «redireccionados» hacia otros servicios.

Los servicios de los juzgados cerrados ahora serán atendidos en otras sedes que en algunos casos están a 60 kilómetros de la original. Esto significa que los funcionarios no perderán los puestos de trabajo. No obstante, desde la Asociación de Funcionarios Judiciales, el secretario general Carlos Fessler aseguró en conferencia de prensa que este cierre implica «una verdadera pérdida, pérdida en materia de garantías, en servicio a ciudadanos que tienen los servicios raleados».

Esta situación «afecta a poblaciones que para hacer uso de este servicio van a tener que trasladarse quilómetros a localidades cercanas, cuando tenían los servicios de justicia en su propia localidad», dijo Fessler.

Mientras tanto, AMU emitió el siguiente comunicado:

La Asociación de Magistrados del Uruguay manifiesta su honda preocupación por la supresión de juzgados que recientemente la S.C.J. se ha visto constreñida a disponer por razones de insuficiencia presupuestal, según ha manifestado públicamente su Presidente. Ello supone un importante cercenamiento al derecho humano de acceso a la justicia de las poblaciones afectadas. Se lamenta que tal circunstancia no haya sido prevista en la etapa de diseño y aprobación del Presupuesto Nacional, aun cuando este colectivo lo advirtió oportunamente. Esta Asociación no cesará en la búsqueda de soluciones que, a pesar de estas adversidades, garanticen a la población el acceso a la justicia.

FOTO: Poder Judicial – Captura google maps