La Justicia procesó a 64 personas, y tiene a varias más identificadas, que formaban parte de una organización que estafaba a varias instituciones financieras. Reclutaban a varias personas y las hacían solicitar créditos que luego no pagaban. Las estafas ocasionaron pérdidas de entre 8 y 10 millones de pesos.
La operación fue denominada “Esfiur”. La investigación inició en el año 2015 a raíz de una denuncia por estafa presentada por un banco privado de nuestro país. Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, “la modalidad consistía en reclutar personas de bajos recursos o en situación de calle, brindarles documentación falsa y hacerles solicitar préstamos de dinero en distintas agencias crediticias e instituciones financieras del medio”.
El jefe de Policía de Montevideo, comisario mayor (R) Ricardo Pérez explicó a que los estafadores ofrecían a estas personas solicitar los préstamos, en principio por la mitad de lo entregado, “aunque en los últimos tiempos se les estaban quedando con un monto muy superior a lo que ofrecían a cambio”, expresó.
Según información aportada por Inteligencia, este grupo se encontraba bien organizado, era liderado por una familia la cual la mujer trabajaba como tarotista, así como también por su esposo y su hijo. Además tenía “reclutadores” que se movían en un auto Volkswagen Fusca de color amarillo y en otro modelo Bora de color negro. Estos se encargaban de seleccionar y presentar a quiénes luego solicitarían los préstamos ante las entidades. Los mismos eran colaboradores pagos cuyo sueldo por cada reclutado era de $3000.
Esta banda poseía una empresa declarada en forma reglamentaria, por lo que, cuando iban a pedir el dinero, eran llevados por los integrantes de la organización con documentación apócrifa, aunque la empresa estaba en «regla». Las maniobras saltaron a la luz cuando estas personas no concurrían a pagar la cuota y al ser citadas, no eran ubicadas.
“Los líderes de la organización eran 4 y 3 colaboradores, fueron todos procesados por la Justicia en lo que va del año”, indicó Pérez.
Según el comunicado, el personal de la Inteligencia investigó a cada persona involucrada estableciendo que los domicilios aportados ante las instituciones correspondían a terrenos baldíos, casas precarias en zonas marginales e incluso lugares sin construcción, mientras que en otros casos, las personas sí declararon domicilios establecidos. Asimismo las empresas que figuraban, no poseían lugar físico.
La Policía realizó 15 allanamientos que permitieron dar con los líderes de esta organización. Se incautaron de armas de juguete, vehículos, documentación apócrifa y otros elementos para la actividad. La Justicia procesó hasta el momento a 64 personas -45 con prisión y 19 sin prisión-. Asimismo, hay 41 personas más que ya fueron identificadas y están siendo buscados por la Policía. El jerarca indicó que “las pérdidas ocasionadas a las instituciones fueron de entre 8 y 10 millones de pesos, algo así como unos 400.000 dólares”.
Esta investigación permitió además, alertar a otras instituciones financieras, las que una vez que tuvieron la información detallada, identificaron que estaban siendo víctimas de este fraude por incumplimiento en los pagos y denunciaron. En total eran 6 instituciones que estaban siendo estafadas y los préstamos otorgados oscilaban entre los $25.000 y $129.000, según el caso.
Las empresas creadas fueron 10 en total y referían al rubro de limpieza, transporte y fletes. Hay dos ciudadanos dominicanos requeridos por la Justicia de los cuales uno de ellos -un hombre- viajó a ese país y una mujer viajó a la Argentina. Ambos tienen captura internacional y están siendo intensamente buscados junto a otros uruguayos participantes de las maniobras.
FOTO: UNICOM
