El Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu) fijó su posición en torno a la respuesta de las autoridades frente al asesinato del policía Wilson Coronel mientras prestaba servicios de “223” en una pizzería de Pocitos. El Ministerio del Interior (MI) presentó una denuncia penal para que la Justicia determine si el propietario del comercio tiene responsabilidad en los hechos.
En conferencia de prensa, el vicepresidente de Cambadu, Daniel Fernández, manifestó preocupación porque “después de un crimen atroz” se coloque al comerciante como “el malo”, lo que a su juicio quita el foco de la discusión del problema de la violencia.
Fernández aseguró que hay miles de comerciantes que contratan policías “para que los cuiden” y consideró que el MI debería preguntarse por qué sus funcionarios buscan trabajo fuera de horario.
El dirigente explicó que es habitual que los comercios cuenten con guardias en horas pico y que elijan contratar policías porque saben “manejar armas” y “hablar con los delincuentes”. Agregó que no todos pueden contratar empresas de seguridad porque estas exigen contratos por ocho horas de servicio, lo que para muchos significa un costo elevado.
Fernández informó que Cambadu puso a disposición de la pizzería de Pocitos apoyo jurídico y gremial y que tratará de entablar un diálogo con el MI para “encontrar una salida en conjunto”. “Creo, en lo personal, que el señor ministro se fue de boca y logró sacar el foco de la violencia hacia otro lado”, aseveró.
Además afirmó que mientras no existan otras soluciones por parte de las autoridades, sus afiliados continuarán contratando este tipo de servicios aunque el Ministerio de Trabajo realice las inspecciones que anunció en esta jornada.
(Foto Teledoce)
