A casi un mes de su instalación, la Asamblea Nacional Constituyente todavía no discute ni el primer artículo de la Carta Magna que, supuestamente, está llamada a redactar.
Los cientos de diputados reunidos en el Hemiciclo del Palacio Federal Legislativo de Caracas aprobaron, por unanimidad (como hasta ahora ha sido con todas las resoluciones de este cuerpo deliberativo) un Decreto contra el Bloqueo Financiero y en Defensa del Pueblo Venezolano, que pretende dar respuesta a las sanciones económicas impuestas la semana pasada por el Gobierno de Donald Trump contra Venezuela.
El decreto ordena al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia -poderes del Estado leales al Gobierno- iniciar un «juicio histórico» contra los dirigentes «de la derecha» que, según el oficialismo, alentaron la adopción de ese tipo de medidas desde Washington. Ya el propio presidente, Nicolás Maduro, había solicitado a la Constituyente procesar a varios diputados del parlamento de mayoría bajo la presunción de haber cometido el delito de traición a la patria.
Aunque para ese delito, tipificado en el Código Penal que el chavismo reformó en 2010, se prevén penas de hasta 30 años de prisión, durante la sesión de la Constituyente oficialista se citó el artículo 132 del mismo código, donde se contempla prisión de hasta por 16 años para aquel que «conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la Nación». Según las menciones que hicieron los nueve oradores que intervinieron en el estrado antes de la aprobación del decreto, entre los primeros opositores por juzgar estarán el presidente y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges y Freddy Guevara, junto a los diputados Luis Florido y Juan Requesens.
La intervención de cierre estuvo a cargo de Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, quien se preguntó si acaso los líderes de oposición «son venezolanos de verdad; pareciera que no, ¡pues son traidores a la patria!». «Quienes hoy piden la intervención militar de Estados Unidos no merecen ningún perdón», insistió.
En la misma línea se había expresado antes Adán Chávez, hermano mayor del fallecido Hugo Chávez y Constituyente por el estado de Barinas: «Debemos solicitar que se abra un juicio histórico, que se investigue todo lo que tenga que investigarse y que se castigue a los traidores a la Patria, para que de esa manera, aplicando justicia, sigamos en paz construyendo el socialismo bolivariano».
Las arengas y el mismo decreto fueron aprobados con vítores y gritos de «Viva Chávez, Viva Maduro», en un ambiente revanchista.
La Asamblea Constituyente «presidencial» –como la califica la Fiscal General rebelde, Luisa Ortega Díaz– ha previsto para sí misma un período de vigencia de dos años, en el que se propone no sólo confeccionar una nueva Constitución, tarea para la cual le bastaron menos de seis meses a la precedente asamblea, esa de abrumadora mayoría chavista, en 1999; también se reservó las competencias legislativas regulares, de las que despojó al parlamento mediante decreto hace una semana.
Se prevé que esta semana la Constituyente gubernamental apruebe su primera ley, a la que en clave de ironía ha bautizado como Ley contra Delitos de Odio, Intolerancia y Violencia. Concebida en primer lugar por el Ejecutivo -que la presentó ante la asamblea- para castigar los escraches y manifestaciones de desprecio público contra funcionarios públicos y militantes del oficialismo, su área de influencia ya se extiende a los medios de comunicación tradicionales, plataformas electrónicas y redes sociales, estas últimas, un dolor de cabeza persistente para los jerarcas revolucionarios.
En rueda de prensa el lunes, la presidenta de la Asamblea Constituyente y excanciller en el Gabinete de Maduro, Delcy Rodríguez, admitió que en la ley se establecerán regulaciones para las empresas proveedoras de servicio en las guerras sociales «para enfrentar la guerra psicológica contra nuestro país».
(Fuente: Uypress)
