El Gobierno agregará otro tipo de establecimiento para el expendio de cannabis en el marco de la ley de farmacias, anunció el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, al detallar las gestiones realizadas en Estados Unidos ante las dificultades surgidas con el sistema financiero en la implementación legal de esta actividad en Uruguay. Las farmacias podrán continuar con el comercio de esa sustancia, aseguró.
“La misión a Estados Unidos cambió la imagen sobre el caso uruguayo y permitió presentar información sobre los controles que se aplican a la normativa” sobre producción y comercio de cannabis, dijo Roballo este miércoles 13, en rueda de prensa en la Torre Ejecutiva, junto con el director de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, su par del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, Martín Rodríguez, y representantes de los ministerios de Ganadería, de Salud Pública y de Desarrollo Social.
“Uruguay presenta la misma situación que afrontan otros países e incluso estados del propio Estados Unidos, que también procedieron a la regulación del cannabis”, indicó, tras informar que hubo mucho interés en seguir de cerca este proceso, considerado un caso de buenas prácticas, seguro y responsable. Anunció, además, que legisladores del gobernante Partido Republicano y del opositor Partido Demócrata están interesados en visitar el país para conocer de cerca la situación.
Roballo señaló que “la ley de farmacias, n.º 15703, ofrece una alternativa que otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de reglamentar establecimientos de expendio exclusivo de cannabis, que garanticen las mismas condiciones de seguridad, controles de calidad y aspectos sanitarios que las farmacias, pero adaptados al uso del dinero en efectivo”.
Enfatizó que las farmacias siguen habilitadas en el sistema e informó que se elabora el decreto para una alternativa que permita salvar la dificultad con el sistema financiero. Explicó que “se trata de un formato de establecimiento que permitirá una mayor agilidad y no estará condicionado por el sistema financiero”. Acotó que “es una medida provisoria mientras se regulariza la situación, que es excepcional”, agregó.
El jerarca explicó que la dificultad ocurre porque los bancos radicados en Uruguay necesitan corresponsales que operen a través de Estados Unidos, debido a que Uruguay opera con dólares de ese país norteamericano, que, a su vez, se rige por una ley federal que prohíbe a su sistema financiero tener vínculos con entidades que acepten clientes que comercialicen cannabis y otras sustancias u objetos que pueden provenir de la ilegalidad.
Pero esto “se flexibilizó (durante el gobierno de Barack Obama, 2009-2017), a través de un memorando de los departamentos (ministerios) estadounidenses de Justicia y del Tesoro, que confeccionaron una guía donde se establecen requisitos para operar con instituciones, países o estados, que tengan regulado el cannabis”, señaló.
Agregó que, tras asumir “el nuevo gobierno de Estados Unidos (de Donald Trump) se creía que no se revertirían estas guías y todo hacía pensar que el proceso continuaría en el mismo sentido, sobre todo teniendo en cuenta que varios estados se habían sumado al proceso de regulación y legalización en ese país».
“Todo hacía prever que no habría dificultades», pero «a través de expresiones públicas de nuevos responsables de esos organismos se generó una duda y, en los últimos tiempos, la banca internacional con sede en Estados Unidos entendió que esa contingencia se transformaba en una amenaza real que podría implicar multas, quitar licencias para operar e, incluso, sufrir procesos ante la justicia”, dijo Roballo.